La reunión de juristas progresistas cierra con un apoyo unánime a la huelga general
Los casi 400 juristas progresitas -en su mayoría abogados- asistentes al III Congreso / Asamblea de Gentes del Derecho, clausurado ayer, acordaron por unanimidad el rechazo a la reforma del mercado de trabajo aprobada el viernes por el Gobierno y, tras un tenso debate, dieron también su apoyo expreso a la huelga general anunciada para enero por las centrales sindicales. Los asambleístas pedirán al Parlamento que modifique la reforma de la Ley de Asilo proyectada por el Ejecutivo.
Tras un acalorado debate, en el que se reprochó el carácter marcadamente contrario a los principios constitucionales de igualdad y libertad sindical que suponen las medidas laborales aprobadas el viernes por el Gobierno, la asamblea rechazó unánimemente tal iniciativa e incluyó en sus conclusiones el apoyo a la huelga general propuesto por asambleístas de CC OO.Los sectores más moderados pretendían evitar este respaldo explícito a huelga y propusieron dejar el compromiso en un apoyo a "las movilizaciones que puedan convocarse por los trabajadores en contra de dichas medidas". Su iniciativa lamentaba además "la ruptura del diálogo con los agentes sociales" y sugería al Gobierno reanudar las conversaciones "como único medio adecuado para resolver estos conflictos en un estado social de derecho".
La intervención de Cristina Almeida, aceptando la mención a la huelga para que el acuerdo fuese unánime, resultó decisiva para que los juristas acordasen finalmente apoyar las movilizaciones contra la reforma laboral, incluida la huelga general.
La reforma de la Ley de Asilo, por la que el Gobierno pretende que una persona sea expulsada de España por decisión del ministro del Interior, sin que los jueces puedan impedirlo, mereció el total rechazo de los juristas. La asamblea acordó dirigirse al Congreso "para que se modifique este gravísimo proyecto e impida que España se sitúe a la cola de Europa en cuanto a protección de ese derecho humano histórico y esencial que es el asilo para quienes son perseguidos por sus ideas, religión, sexo o raza".
Racismo contra democracia
Precisamente la última ponencia expuesta en la asamblea fue sobre Racismo y xenofobia, a cargo del presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat, quien explicó que "el racismo es contrario a la democracia". Gimbernat recordó el compromiso internacional de proteger la mejora del derecho a emigrar y pidió a las instituciones españolas "una decente política inmigratoria", que contribuya a la aceptación de los extranjeros como un hecho positivo y fecundo.
La asamblea aprobó igualmente la "urgente promulgación de una ley orgánica de justicia gratuita y turno de oficio", que ponga fin al "monopolio de los colegios profesionales" respecto a su gestión y control, y garantice desde la Administración "la plena tutela del ejercicio de este derecho por parte del usuario".
Asimismo, y "ante la permanente instalación de micrófonos ocultos en los locutorios de diferentes prisiones del Estado para comunicaciones con los letrados", la asamblea propuso que se clarifique el amparo constitucional al derecho de defensa y que "únicamente puedan ser practicadas escuchas en los locutorios de los letrados previa autorización expresa y casuística del juzgado competente".
Otra conclusión aprobada fue la petición de que se despenalicen la insumisión y la objeción a la mili. También se propuso la necesidad de "romper con la actual política represiva en el campo de las drogas" y que se inicien "con decisión y firmeza políticas que partan de una óptica sanitaria y del derecho al consumo, debidamente reglamentado, de sustancias estupefacientes".
