La inocencia de comprar dos objetos de plata en Navidad

Carmen Salanueva entró en la joyería Pedro Durán, situada en el número 30 de la calle de Serrano, en Madrid. Eran los días de Navidad de 1990, en torno al 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes y la compra no podía ser más inocente: un samovar [juego de té o café de origen ruso] y un centro de mesa. Eso sí, ambos de plata.La entonces directora general del organismo autónomo que edita el Boletín Oficial del Estado (BOE) pagó, en total, 1.600.000 pesetas. Éste era uno de los hilos de la maraña de relaciones económicas que, según la investigación judicial, tiene como vértice a Salanueva y como cabos a dos suministradores de papel y a un intermediario norteamericano, por más señas.

Pero ¿qué sentido podía tener que la juez Ana Ferrer, que investiga un presunto fraude en la compra de papel prensa para el BOE, ordenara detener a Salanueva el pasado lunes, decretara su incomunicación y, finalmente, la llevara ante si para, en lugar de interesarse por las partidas de papel adquiridas o los precios pagados, preguntarle por una simple compra navideña?.

El letrado que asistió a Salanueva, Andrés Planas, yerno de José María Stampa Braun y perteneciente al despacho del veterano abogado, no salía de su asombro en la madrugada del 1 de diciembre último. Así lo manifestó en la madrugada del 1 de diciembre a los periodistas que aguardaron durante horas en el edificio de los juzgados de Madrid.

La inicial investigación sobre las compras de papel para el BOE durante los años 1989, 1990 y los primeros meses de 1991, se conoció el 2 de noviembre de 1992, cuando la juez descubrió "indicios de la existencia de presuntos delitos", entre ellos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación, cohecho y maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

Tal conclusión costó semanas de grabaciones de conversaciones telefónicas, medio mes de su audición de las mismas y toma de declaración a los principales implicados.

Lo negaban todo

Pero los principales implicados lo negaban todo o casi todo y era preciso obtener más pruebas. Desde diciembre de 1992 y mediante la prórroga mensual del secreto de las actuaciones, la juez Ferrer ordenó numerosas investigaciones en cuentas bancarias y en movimientos de dinero -en el caso de Carmen Salanueva por importe de unos 60 millones de pesetas- que confirmaron los iniciales indicios delictivos, en particular la malversación y la prevaricación.A los iniciales imputados -Salanueva, Antón Soroa, consejero delegado de Papelera Udalar, y Enrique Vidal Lorenzo, director de ENSO, empresa del mismo grupo-, la juez añadió a Jack Kelly, un norteamericano de 72 años, conocido de Vidal y que aparece relacionado con las empresas suministradoras de papel al BOE en una conversación telefónica de Salanueva.

Los cuatro seguían negando. En particular, Salanueva y Kelly coincidían en negar cualquier relación económica entre ellos. Los nuevos datos en poder de la juez, que mostraban "la existencia de flujos económicos" entre Papelera Udalar y Jack Kelly y entre éste y Carmen Salanueva, coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones de papel con destino al BOE, determinaron a la magistrada a contrastarlos con las versiones de los implicados.

Si el secreto de las actuaciones había sido el instrumento procesal que había producido la acumulación de datos que, en palabras de la juez, "avalan e incrementan los indicios delictivos", consideró necesario dar un paso más y acudir a la detención e incomunicación de los cuatro imputados "para evitar que los llamados a declarar se pongan previamente de acuerdo sobre los extremos objeto del interrogatorio" y "como medida asegurativa de la prueba".

Así lo decidió la juez y lo realizó esta semana, mediante la detención y toma de declaración a Salanueva, Soroa y Vidal y, finalmente, mediante su desplazamiento a Marbella (Málaga) para tomar declaración a Kelly, en detención atenuada en su domicilio al encontrarse enfermo.

Pruebas contundentes

Las pruebas en poder de la juez parecían contundentes, aunque todavía no ha decidido, a la vista de las respectivas declaraciones, el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. No obstante, en la decisión de poner en libertad a Salanueva bajo fianza de 15 millones de pesetas y sin fianza a los otros detenidos ya parece anticiparse que imputará diferente grado de responsabilidad a cada uno.Los elementos esenciales del flujo económico que interrelaciona a unos y otros parten de las cuatro adjudicaciones obtenidas del BOE por Papelera Udalar por más de 511 millones de pesetas entre los meses de julio de 1990 y febrero del año siguiente.

Pocos días después de la primera adjudicación -por cerca de 50 millones-, Jack Kelly cobró en efectivo un cheque por 6.350.000 pesetas con cargo a una cuenta de Papelera Udalar en el Banco Bilbao Vizcaya de Tolosa. Otro cheque procedente de la misma cuenta y por 3.150.000 pesetas fue ingresado por Kelly el 27 de octubre de 1990 en su cuenta en el Banco Atlántico en una sucursal de Madrid.

Asimismo, con cargo a esta última cuenta, Kelly entregó a Salanueva dos cheques, uno al portador, por 600.000 pesetas, y otro a nombre de la joyeria Pedro Durán, por un millón.

Con el primero pagó el samovar y con el segundo el centro de plata. Al margen del resultado de ulteriores investigaciones, ¿era procedente la pregunta de la magistrada sobre ambas compras?