El Ayuntamiento carecía en 1983 de medios para inspeccionar discotecas

Unos por otros, la casa sin barrer. Aparentemente es lo que sucedía hace 10 años en Madrid, justamente cuando Alcalá 20 se quemó y el humo y las llamas devoraron la vida de 81 jóvenes. En 1982 entró en vigor un reglamento sobre espectáculos que transfería la inspección de locales públicos desde el Ministerio del Interior a los municipios. Pero en esa época el Ayuntamiento no tenía "ni medios ni personal" para controlar todos los locales de la ciudad. Así lo admitió ayer ante el tribunal que juzga el incendio de Alcalá 20 la jefa del área de Seguridad del consistorio, María Ángeles Álvarez.

Precisamente hoy se cumplen dos meses desde que se inició la vista oral por el terrible siniestro que devastó la discoteca el 17 de diciembre de 1983. Los jueces confiaban en que el juicio concluyese antes de Navidad. Pero no va a ser así, y probablemente se alargue hasta finales de enero.En el banquillo están sentados siete procesados: los dueños de Alcalá 20, el responsable de la instalación eléctrica del local, un inspector del Ministerio del Interior y el ex concejal de Seguridad Emilio García Horcajo.

El ex concejal socialista fue procesado a raíz de que dos altos cargos de su área -entre ellos, María Ángeles Álvarez- dijeran al juez instructor que Alcalá 20 no se inspeccionó porque el edil les comentó (en medio de la nebulosa legal existente entonces) que el control de discotecas no incumbía al municipio. Álvarez era y sigue siendo uno de los más altos cargos no políticos del área de Seguridad.

Ayer pasó apuros ante las comprometedoras preguntas que le formularon los abogados de las víctimas. Respecto al escrito que la policía envió un mes antes del siniestro al Ayuntamiento solicitando que se inspeccionase Alcalá 20, Alvarez señaló: "No se hizo; pensamos que no era necesario hacerla porque interpretamos que se trataba de un permiso de temporada, los cuales ya habían desaparecido con la entrada en vigor del reglamento del 82".

Mala interpretación

Aparte de abundar en la ausencia de medios de que disponía su área en 1983, la jefa de Seguridad afirmó que García Horcajo nunca dio instrucciones ni sugirió que no se inspeccionase Alcalá 20. Ante el juez instructor, hace 10 años, declaró lo contrario, hecho que atribuyó ayer a una mala interpretación y a las cinco horas de interrogatorio que pasó ante el juez.Álvarez negó asimismo que su departamento sea el que concede las licencias de apertura de locales. Según ella, esta cuestión compete a las juntas municipales o a la Gerencia de Urbanismo. No obstante, dijo, estos órganos pueden solicitar al área de Seguridad, antes de conceder una licencia, que se inspeccione uno determinado.

También testificó ayer el ex edil Enrique Moral Sandoval, antecesor de García Horcajo en Seguridad. Corroboró que el entonces alcalde Enrique Tierno envió un escrito a Interior pidiendo que aplazase durante dos meses el traspaso de las competencias de inspección para que el Ayuntamiento pudiese montar la infraestructura adecuada.