El Parlamento pide que se fiscalice la gestión de Salanueva en el BOE
El Parlamento pidió ayer al Tribunal de Cuentas que fiscalice la gestión de Carmen Salanueva al frente del Boletín Oficial del Estado (BOE). La comisión mixta para las relaciones con este tribunal acordó, con el voto de todos los grupos, incluir un nuevo punto en el orden del día de sus debates para que el Tribunal de Cuentas haga una "fiscalización especial" de la gestión económica y de la administración del BOE de 1989 a 1991, durante la gestión de la ex directora, procesada por presunto fraude de 1.000 millones en la compra de papel prensa y en libertad provisional bajo fianza.
La comisión aprobó el informe del tribunal sobre las cuentas generales del Estado de 1989 con los votos a favor de PSOE, CiU y PNV, y la oposición del PP e IU. Pero el voto negativo del PP no impidió un clima de concordia sobré las resoluciones que los grupos plantearon respecto de la fiscalización de la cuenta del Estado.Dos diputados de Zaragoza, el socialista Fernando Jimeno y la popular Luisa Fernanda Rudi quisieron orillar el tópico de la tozudez aragonesa y consiguieron aproximaciones que propiciaron el voto favorable del PP a todas las propuestas de resolución de los socialistas: "Son tan obvias que no vamos a votar en contra", dijo Rudi. Además lograron acuerdos sobre tres ofertas transaccionales del PSOE, de las cuales la principal insta al Gobierno a enviar en el más breve plazo posible al Congreso un nuevo proyecto de legislación general presupuestaria que regule adecuadamente la actuación administrativa en la elaboración de los presupuestos y en la ejecución del gasto.
El consenso alcanzó también al grupo nacionalista catalán de CiU, que presentó una propuesta para un mayor control de las cuentas de las universidades estatales.
IU, por medio de Franco González, explicó su voto negativo a la cuenta de 1989 por considerar que existen irregularidades en el tratamiento de la situación de Renfe en ese año.
La diputada popular Luisa Fernanda Rudi destacó, sobre todo, que el informe del representante del ministerio fiscal en el Tribunal de Cuentas estima que el déficit del Estado en 1989 se acrecentaría en 1,4 billones de pesetas si se adoptasen criterios contables más restrictivos.
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