El juez Marino Barbero se pone de nuevo a trabajar

Dos años y medio después -de la apertura del sumario por el caso Filesa, no están concluidas las diligencias sobre financiación ilegal de un partido político -el PSOE- que, por cierto, nunca ha sido aceptado como parte en esta causa judicial.Existen cuatro inculpados, contra los que se ha dirigido el procedimiento: Josep Maria Sala y Carlos Navarro, presuntos accionistas de las empresas Time Export y Filesa, así como Alberto Flores y Luis Oliveró, como directivos o apoderados. Pero no se ha decretado la apertura de juicio oral, ni el fiscal ha precisado los delitos de una eventual acusación.

El Supremo ha rechazado todos los intentos de varios acusadores particulares para extender la causa al presidente del Gobierno, Felipe González, así como a los parlamentarios socialistas Alfonso Guerra y José María Benegas, y a Guillermo Galeote y Aida Álvarez, ambos relacionados con las finanzas del PSOE.

Por lo tanto, la situación vuelve a ser la misma que la de mediados de septiembre. Las diligencias se interrumpieron tras la petición de suplicatorio para actuar contra el senador Sala. Marino Barbero, el juez instructor, no pidió ese suplicatorio porque el procedimiento estuviera concluido, sino como resultado del apremio de la Sala Segunda del Supremo, inquieta por el hecho de que la investigación se realizara sin autorización de la Cámara afectada, en este caso el Senado.

Pero una vez despejado el camino procesal, el juez vuelve a apreciar dificultades para llevar a término la investigación. La documentación obtenida por Barbero en los registros de bancos, empresas y la propia sede del PSOE proporcionan indicios para actuar en múltiples direcciones. Barbero no ha aclarado cuales son sus propósitos, pero ha insistido en la necesidad de numerosos medios humanos y materiales. Por lo tanto, no se dispone a cerrar pronto el sumario, sino a agotar todas las vías.

Barbero, al igual que el resto de los magistrados del Supremo, trabaja en un despacho compartido por otro colega, y en ocasiones hasta por dos, lo cual le resulta incómodo: por eso ha solicitado un despacho individual. Una petición difícil de atender, puesto que el edificio del Tribunal Supremo se encuentra en obras y los magistrados han recibido indicaciones de desalojar progresivamente sus dependencias actuales.

El Supremo había autorizado a Barbero para utilizar la llamada "sala de plenillos", situada junto al despacho del presidente del organismo, en la que se custodia parte de la documentación del caso y está vigilada permanentemente por guardias privados de seguridad.

El Consejo del Poder Judicial le ha negado, en cambio, el nombramiento de jueces adjuntos, alegando un acuerdo por el cual sólo pueden adscribirse jueces adjuntos o auxiliares a "órganos judiciales" y, no a una causa en concreto.

En cualquier caso, Barbero se encuentra en condiciones de ponerse de nuevo al trabajo. Según algunos de sus colaboradores, tiene previsto llamar a declarar a los responsables de los bancos y empresas que dieron fondos a Filesa, así como extender sus investigaciones a otros países.