¿Reforma laboral o ley de la selva?

Como un esquiador en el fondo de un pozo, el Gobierno es incapaz de salir de la crisis económica. De hecho, para el año próximo, la previsión de crecimiento es muy baja y se pronostica un aumento del paro en 159.000 personas. Los sindicatos venimos exigiendo, desde hace años, el cambio de una política económica basada en el ajuste que ha hundido el país en la depresión, que es incapaz de resolver los problemas estructurales y genera fuertes costes sociales.En este sentido, hemos planteado la necesidad de negociar un acuerdo por el empleo basado en el relanzamiento de la economía, el aumento de la demanda y la defensa de las políticas de Estado de bienestar. Para ello habría que reducir sustancialmente los tipos de interés, realizar un gran esfuerzo inversor, desarrollar políticas industriales activas, repartir el empleo y mejorar la competitividad. Se complementarían con el control de precios y la moderación de todas las rentas (manteniendo el poder adquisitivo de los salarios para no deprimir la demanda y no perjudicar el empleo), creando fondos de inversión, con una mayor equidad fiscal y lucha contra el fraude.

Pero el Gobierno no ha querido negociar. La conversión de la concertación en un simulacro, la imposición unilateral de medidas regresivas y la prevalencia dada al acuerdo presupuestario con la derecha catalana han frustrado las posibilidades de un acuerdo por el empleo.

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1994, el proyecto de ley financiera, así como las propuestas sobre reforma del mercado de trabajo, conforman la mayor agresión social de toda la etapa democrática y no tienen parangón en otros países de Europa. Las medidas más lesivas de este cuadro de proyectos legales son:

1. El recorte de las prestaciones al desempleo en 260.000 millones de pesetas, afectando a más de un millón de parados (pago por los parados de la Seguridad Social, del IRPF y fijación del tope mínimo en el 75% del salario mínimo; negación del subsidio a parados que tengan a sus padres a su cargo).

2. La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones: el cambio de indiciación del IPC pasado al previsto supone un coste de transformación de 60.000 millones de pesetas y 8.000 pesetas anuales menos en promedio.

3. La reducción de los salarios de los empleados públicos en al menos cuatro puntos y modificación de la Ley 30/84 para anular la oferta de empleo pública y aplicar la movilidad geográfica y funcional, con el objetivo de reducir los efectivos.

4. Reducción de la inversión pública en términos reales el año próximo en relación a la ejecutada en 1993. Sólo alcanza el 3, 1 % del PIB y se incumple el programa electoral del PSOE, que hablaba del 5%.

Las deducciones al impuesto de sociedades, las vacaciones fiscales a las empresas y el conjunto de gastos fiscales suman 437.000 millones de pesetas, más de la mitad de la recaudación prevista por dicho impuesto. También se reduce la imposición en el impuesto del patrimonio. Mientras, la presión fiscal por la no deflactación del IRPF va a aumentar en 165.000 millones de pesetas y recaerá en su mayoría sobre los salarios, se hace pagar IRPF a los parados y se sube un punto a los trabajadores la cuota por desempleo escalonadamente hasta 1996.

En cuanto a la reforma del mercado de trabajo, la posición del Gobierno parte de una serie de premisas falsas, que no dejan de serlo por su continua repetición: a) no es cierto que nuestro ordenamiento laboral pueda ser calificado de rígido en referencia a otros sistemas y se pretende confundir regulación, garantías y derechos con rigideces: tenemos instituciones y figuras donde el nivel de flexibilidad es excesivo y de los más altos de la CE; b) la reforma del mercado de trabajo no crea por sí sola empleo; el mercado laboral es una institución social a la que no se le pueden aplicar mecánicamente las mismas reglas y criterios de otros ámbitos.

La propuesta del Gobierno plantea fundamentalmente reformas legales en la línea de:

1. Introducir formas desreguladoras en el proceso de intermediación pública en el mercado de trabajo, a través de la posibilidad de contratación directa de trabajadores y supresión de la obligación de registro de los parados en el Inem.

2. Mantener altos niveles de temporalidad y precariedad en materia de contratación. Así, se pretende regular -sin reformas necesarias previas- las empresas de trabajo temporal, precarizar el contrato de aprendizaje y a tiempo parcial, reduciendo sus cotizaciones y prestaciones de Seguridad Social.

El contrato basura de aprendizaje supone la posibilidad de tener contratados hasta los 28 años a trabajadores ganando 39.000 pesetas, sin garantías formativas y sin derecho a las contingencias comunes de enfermedad y al desempleo.

3. Desregular la relación laboral incrementando de forma exorbitante el poder empresarial. En materia de movilidad funcional y geográfica, ordenación del tiempo de trabajo y modificación sustancial de condiciones de trabajo -horario, turnos, jornada, sistema de remuneración y rendimiento-, se pretende dar mayor margen de actuación y decisión al empresario, cuando su poder ya es enorme, e iría en contra de cualquier idea de democracia y participación en el ámbito de la empresa.

4. Abaratar y facilitar los despidos. Es ésta una de las más firmes exigencias de la patronal y el Gobierno pretende llevarla a efecto con el peregrino argumento de que creará empleo. Nuestro ordenamiento laboral se limita a establecer una serie de garantías y derechos para el trabajador, como el resto de los ordenamientos de nuestro entorno. Se cumple la directiva comunitaria sobre la materia, y la Comisión sólo ha encontrado déficit en relación a la consulta y a la información.

Los costes por despido están en España en la media comunitaria y la autorización administrativa en los despidos colectivos se ajusta al derecho comunitario y no ha supuesto de ningún modo un elemento de rigidez: 2,3 millones de trabajadores han sido despedidos en los últimos 10 años.

Las medidas del Gobierno abaratan y consagran en la práctica el despido libre en porciones (de hasta diez o hasta treinta trabajadores por trimestre, según el tamaño de la empresa) y la unilateralidad absoluta del empresario al ampliar tanto las causas que supone, de hecho, descausalizarlo.

5. Cuestionar el papel de la ley haciendo disponibles los mínimos de derecho necesario, suprimiendo así el principio de norma mínima. En la más suave de las valoraciones, supone una irresponsabilidad de los poderes públicos.

6. Fijación de plazo para la derogación unilateral de las ordenanzas laborales y supresión de los mecanismos de estabilidad de los convenios colectivos. Ello produciría vacíos de regulación e indefensión para los trabajadores, así como el debilitamiento de la negociación colectiva y la lesión del principio de autonomía colectiva.

No se puede aceptar la reforma que plantea el Gobierno por las siguientes razones:

- Es profundamente desequilibrada y parcial; las consecuencias reales que produciría son: un notable incremento del paro y del poder de. dirección empresarial, y una reducción drástica de los niveles de protección que el ordenamiento laboral garantiza al trabajador.

- Tiene un fuerte contenido ideológico neoliberal en la gran mayoría de sus propuestas, que, de llevarse a cabo, supondría un golpe frontal para el actual derecho del trabajo y para el modelo de relaciones laborales.

- Olvida algo básico a la hora de emprender modificaciones normativas: la revisión crítica de anteriores reformas y, sobre todo, el conocimiento real del nivel legal del que se parte. El Estatuto de los Trabajadores (ET) es una norma hija de la crisis económica de los setenta, que dejó su impronta en dicha ley al frenar y reducir las garantías y derechos que habían de corresponder al trabajador, en relación con otros ordenamientos de nuestro entorno europeo.

Los sindicatos consideramos necesario reformar y mejorar el mercado de trabajo a partir de tres premisas básicas: a) la superación solidaria de la crisis, b) la consecución de una mayor cohesión social y c) el carácter irrenunciable de determinados derechos y conquistas sociales. Y, en concreto, proponemos:

1. En materia de acceso al mercado de trabajo planteamos una reforma integral del Inem que le transforme en un auténtico servicio público de empleo.

2. La formación profesional en todas sus variantes es un instrumento clave dentro de una política activa por el empleo.

3. Es necesaria la sustitución negociada de las ordenanzas laborales mediante convenios sectoriales de ámbito estatal.

4. En materia de contratación es necesario reducir los fenómenos de segmentación y precarización de la mano de obra, así como los escandalosos niveles de temporalidad, a través de la recuperación del principio de causalidad, la simplificación de contratos, la lucha contra el fraude y los plenos derechos sociales.

5. En cuanto a los despidos colectivos: establecimiento de planes sociales, formativos y de recolocación para los despedidos; exigencia legal de presentar, en su caso, planes de viabilidad para la continuidad de la empresa; ampliación de los derechos de consulta y participación de los representantes de los trabajadores; modificación de la legislación mercantil en orden a la responsabilidad de la sociedad y de los administradores en estos supuestos.

Las propuestas sindicales pretenden una mejora y saneamiento del mercado de trabajo, así como una democratización efectiva de nuestro sistema de relaciones laborales, todo ello en el marco de la consolidación del derecho del trabajo como componente básico de la cultura social europea e instrumento de equilibrio y tutela de los derechos de los trabajadores.

Estamos ante una quiebra del modelo y en un contexto recesivo. En este panorama se acentúan los efectos perversos de un concepto negativo de flexibilidad del mercado de trabajo: con recesión, se incrementa aún más la destrucción de empleo, porque, a más desregulación para la misma carga de trabajo, disminuye el número de empleos. Medidas como un despido más libre y más barato, combinado con los contratos basura de aprendizaje, pueden favorecer una fuerte destrucción de empleo y el efecto de sustitución de fijos por eventuales.

Ante esta ofensiva neoliberal, que pretende llegar a las líneas de retaguardia de la clase trabajadora (demolición del raquítico Estado de bienestar, desregulación salvaje del mercado de trabajo, ataque a los salarios reales y derrota ideológica de los sindicatos), es más necesario que nunca movilizar a la sociedad frente a la agresión social y para que no se imponga la contrarreforma social y continúe con el recorte de pensiones.

La contraofensiva social debe tener la contundencia precisa para que el Gobierno retire las medidas y se vea obligado a negociar una orientación progresista y expansiva de la política económica en favor del empleo y de la solidaridad social. Sobran los motivos y las razones para una huelga general; se trata de crear las condiciones, si el Gobierno no rectifica, para asegurar el éxito de sus objetivos y evitar la taiwanización de nuestro modelo social y laboral.

Agustin Moreno García es secretario de acción sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y Ángel Martín Aguado pertenece a su gabinete jurídico.