El fiscal general, Eligio Hernández, informó al Gobierno contra la gestión de Antoni Asunción

El fiscal general del Estado, Eligio Hemández, elevó al Gobierno en septiembre un durísimo informe elaborado por una docena de fiscales contra la gestión de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, cuyo má ximo responsable, Antoni Asunción, tomó ayer posesión del cargo de ministro del Interior. El informe asegura que la Administración penitenciaria ha conseguido "escapar de lo que considera intromisiones judiciales" y "determina la duración de las penas de cárcel y el modo en que se cumplen". Las circulares penitenciarias "en ocasiones cercenan o limitan los derechos de los internos" o "crean situaciones de privilegio, constituyendo una especie de normas paralelas (... ) arbitrarias y cambiantes", dicen los fiscales.

El informe de las diversas fiscalías sobre la gestión de Asuntos Penitenciarios iba envuelto en la Memoria anual de actividades del Ministerio Fiscal, que Eligio Hernández entregó al Gobierno el pasado 15 de septiembre. Los fiscales aseguran que 12 años después de la puesta en marcha de los juzgados de vigilancia que iban a evitar que la Administración controlase en exclusiva el cumplimiento de las penas de cárcel, "nos encontramos", afirman, "en el punto de partida".Así, el fiscal de Bilbao considera "perniciosa" la costumbre de algunas prisiones de notificar el castigo en celda de aislamiento "sin especificar de modo detallado los motivos" y "sin concretar el contexto en que se ha producido la intervención de los funcionarios de prisiones". La notificación se realiza "en una escueta nota en forma de impreso normalizado en la que, como mucho, se hace una genérica mención a la infracción cometida".

El fiscal de Sevilla denuncia la "hipocresía" que se esconde en el sistema de concesión de permisos de salida. En noviembre de 1988, una circular de Asuntos Penitenciarios (entonces Instituciones Penitenciarias) impuso a los directores de prisiones que suspendiesen los acuerdos de las Juntas de Régimen cuando éstas concediesen permisos a violadores, homicidas, asesinos y delincuentes condenados a más de 18 años.

Según el fiscal de Sevilla, el, sistema ha degenerado en trasladar la responsabilidad del permiso al juez de vigilancia penitenciaria, ya que Asuntos Penitenciarios lo deniega sistemáticamente. Si el permiso había sido informado a favor y por unanimidad del equipo de tratamiento y de la Junta de Régimen y el interno recurre, el juzgado se ve obligado a concederlo.

La "hipocresía" que se enconde en el sistema se manifiesta, según el fiscal, "en que el director que suspende el acuerdo previamente suele votar a favor del permiso, y el recurso del interno en no pocas ocasiones se materializa en un documento formulario, elaborado por ordenador por el propio centro".

Redistribución de etarras

Por su parte, el fiscal de Ciudad Real, que tiene a su cargo la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, explica en su informe que no ha conseguido "disipar la sospecha" de que algunos internos de ETA que se habían apartado de la banda terrorista fueran "reubicados" en otros centros penitenciarios cuando el juez les levantó el régimen especial que se aplica a penados de peligrosidad extrema. A la decisión judicial se había opuesto la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.

A su vez, el fiscal de Valladolid no alcanza a entender cómo en ocasiones se emite un informe favorable al permiso de salida tras haberse apuntado con carácter dubitativo "el factor de riesgo de la drogodependencia, unido a la reincidencia o la marginación profesional".

El fiscal de Albacete reclama que los equipos de tratamiento estén debidamente atendidos y sus informes profundicen más en la personalidad de los reclusos, y el de Ciudad Real exige "desterrar cualquier automatismo objetivista en la concesión de permisos". El informe del fiscal de Tenerife asegura que no se verifican todos los estudios o peritajes de predicción de peligrosidad y añade que en los expedientes de permiso "no figura certificación de la sentencia dictada para conocer el detalle de la conducta sancionada".

El fiscal de Vitoria denuncia la frecuencia con que se deniega el permiso a los presos extranjeros que no tienen domicilio rijo al que acudir.

El fiscal de Cádiz subraya "la impresión generalizada" de que las peticiones de traslado de los presos por razones de vinculación familiar están normalmente fundadas, pero "raramente se atienden por la Administración". Según este Fiscal, esto se debe, más que a la falta de establecimientos, a que el destino de los internos se decide "con tanta discrecionalidad" que tal ejercicio "está algunas veces más cerca de la arbitrariedad que de la discrecionalidad.