Juan Guerra y su abogado acusan a IU de ejercer una "acusación política"

Juan Guerra y su abogado, Antonio Mates, acusaron ayer a Izquierda Unida (IU) de ejercer una "acusación política", carente de fundamentos jurídicos. "Estamos aquí citados por Convocatoria por Andalucía [el nombre que la coalición recibe en la comunidad] a un juicio que nadie quiere celebrar". Sólo IU ha mantenido la acusación en esta causa, mientras el fiscal, Partido Andalucista y Ruiz Mateos desistieron de ella. El abogado Mates insistió en que el proceso al que de nuevo se ve sometido Juan Guerra "se celebra en virtud de criterios políticos que pesan sobre los jurídicos".En la vista iniciada ayer se juzga la presunta mediación que Juan Guerra realizó para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) beneficiara a la clínica Litomed con el desvío de enfermos renales para su tratamiento mediante litotricia.

Mates fue muy breve esta vez en el planteamiento e cuestiones de nulidad, dado que el tribunal de la sección tercera de la Audiencia ya se las rechazó en una anterior vista por el caso Fridex. Cuando intentó exponerlas de nuevo, alejándose del procedimiento, el presidente Agustín del Río le conminó a que no lo hiciera. Mates concluyó entonces: "Se trata de la inmolación del único sacerdote disponible. Me siento indignado".

Exclusiva de Guerra

Guerra fue más allá en sus críticas contra IU: "Soy el único ciudadano de este país que está sentado en el banquillo por la decisión de un partido político", dijo. "Yo me imaginó que el abogado de este partido [se refería al Manuel Fernández del Pozo, representante de IU] se lo estará pasando mal, aunque según mis noticias tendrá como contraprestación ir en las próximas listas al Parlamento andaluz, Es una exclusiva que les doy", comentó a los periodistas.Fernández del Pozo no quiso entrar en un cruce de acusaciones y afirmó: "El único objetivo político es el que se clarifiquen conductas de la vida pública que puedan ser ilegales".

La primera sesión del juicio por la llamada trama Litomed se consumió con la lectura de los escritos de acusación y defensa y con la declaración de principal acusado Pedro Sanjosé, ex director de la Oficina de Gestión y Demanda del Servicio Andaluz de Salud, a quien IU le imputa un delito de falsedad y otro de prevancación y le pide penas de seis años y un día de prisión y 10 de inhabilitación.

Juan Guerra y Francisco Salamanca Poyatos (ex gerente del SAS) se acogieron a su derecho a no declarar. Al primero, IU le acusa de conspiración para la prevaricación y pide para él seis años de, suspensión. Para el segundo, el cargo es de prevaricación y la condena solicitada de seis años de inhabilitación.

La declaración de Sanjosé fue firme y convincente. Dijo que tenía competencias y estaba autorizado para enviar enfermos del SAS a la clínica privada Litomed. Negó la vinculación de Guerra y aseguró que si se repitieran las circunstancias de exceso de enfermos graves en lista de espera lo repetiría.

La vista se convirtió por momentos en un proceso paralelo al SAS. Se dijo como defensa que había más de 20 servicios como el de litotricia que se contrataban sin concierto oficial con centro privados y que muchos de ello se mantenían más de un año.