Alarma social

"Estos hechos provocan una manifiesta sensación de inseguridad para los ciudadanos y creemos que provocan una grave alarma social", afirmó ayer el teniente fiscal, José María Mena, para explicar cuáles fueron los motivos que fundamentaban las prisiones acordadas para ocho de los detenidos. Mena, fiscal especial en esta, investigación, dejó claro que en ningún caso la prisión se había decidido como un método para "pressionar" a los inculpados y conseguir más información. Sin querer precisar los cargos formulados contra ellos, sí que matizó que la prisión provisional también se acordó para garantizar la investigación en marcha.Mena dio mucha importancia al fondo de este asunto: sectores del empresariado en general, sin concretar en el mundo periodístico, se encuentran espiados ilícitamente y corriendo "graves riesgos". Para el teniente fiscal, no hay duda de que los afectados por las escuchas serán muchos y ya adelantó que cuando se levante el secreto de las diligencias, el juzgado se pondrá en contacto con ellos para informarles.

"Lo que no haremos es atentar contra la intimidad de nadie, si no es estrictamente necesario para aclarar los hechos y tenemos la intención de defender el derecho a la intimidad de las personas", remachó.

El teniente fiscal, que se cerró completamente a comentar cualquier dato, interno de la investigación apelando al secreto ordenado por el juez, fue contundente a la hora de comentar el ofrecimiento de Javier Godó, propietario de La Vanguardia, para declarar ante el juez.

"En derecho penal no hay ofrecimientos posibles, si es llamado a declarar deberá comparecer porque es su deber, como el de cualquier ciudadano", afirmó para, a renglón seguido, negarse a precisar si Godó sería llamado a testificar por el juzgado. "No estaría bien que se enterase por la prensa", puntualizó.