Los comerciantes de la parte baja del Rastro dejarán libre la zona para permitir su reforma

Los 28 comerciantes de la parte baja del Rastro abandonarán la zona y cerrarán sus comercios durante dos años y medio para que se pueda ensanchar la Ribera de Curtidores. Luego, el Ayuntamiento les concederá un local moderno a bajo precio en los dos edificios que construirá la Empresa Municipal de la Vivienda. El acuerdo, firmado la semana pasada, da vía libre la reforma del Rastro tras 15 años de gestiones. Sólo queda desalojar también a los okupas de la imprenta Minuesa. Ricardo Aroca, decano de la Escuela de Arquitectura, es el autor del proyecto.

"Cuando hablas de este proyecto, lo que te viene a la mente son todos los problemas burocráticos que hemos tenido que salvar", dice Ricardo Aroca, de 54 años. "Por cada hora que he pasado pensando cómo ordenar la zona, he gastado otras cien en reuniones que no sirven para nada", se queja el arquitecto.Cuando ya estaba listo el proyecto, se decidió cambiar el Plan General (aprobado por el Ayuntamiento socialista en el año 1985) y hubo que modificar todo. Las propuestas de urbanización habían comenzado en 1978. Diez años después lograron que se aprobara un proyecto y se constituyó la junta de compensación (asociación de propietarios de suelo, una docena en este caso, para urbanizar una zona). Pero la constructora Pryconsa (que compró una pequeña parcela en la zona de actuación una vez que se aprobó el proyecto) impugnó el proyecto ante el Ayuntamiento de Madrid. Otros dos años de retraso.

Cuando por fin se resuelve esa impugnación, aparece un nuevo escollo: la compañía Renfe instala una salida de emergencia que no estaba prevista en un principio en mitad de la calle, de modo que es necesario encontrar una solución para evitar que afecte al tráfico de la zona una vez que la calle quede abierta a la circulación.

El gerente de Urbanismo, Pedro Areitio, afirma que Renfe deberá instalar una puerta hidráulica de modo que la salida de emergencia no obstruya la calle.

Uno de los problemas que había que resolver era el realojamiento de los comerciantes que llevan decenas de años asentados en el trozo de calle entre Mira el Sol y la ronda de Toledo.

Cerrar en seis meses

Los 28 industriales venden allí fuentes de piedra, escaleras de caracol a medida, muebles de madera y lámparas de estilo antiguo. La mayoría vive ajena al ajetreo dominguero del Rastro y sólo atiende al público durante la semana laboral.Antonio Martínez nació hace 80 años en la misma casa donde ahora vende sillas y alacenas con celosía junto a su hermano Manuel, tres años mayor. Ellos no van a tener problema cuando les desalojen para ampliar la calle, porque tienen otra tienda, pero otros tendrán que buscar una nueva sede para su negocio hasta que la Empresa Municipal de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, les construya sus locales.

Antonio y Manuel dudan de que vayan a ver los ladrillos de las nuevas casas. El acuerdo suscrito con el Ayuntamiento les obliga a cerrar sus barracas dentro de seis meses, un plazo que se puede alargar por que la Gerencia de Urbanismo debe avisar con un mes de antelación.

Un empleado de otro negocio afirma, en cambio, que el desalojo no significará otra cosa que el cierre definitivo, "porque no se vende nada".

El arquitecto Aroca relata entre carcajadas que el Ayuntamiento no sabía que los terrenos donde se asientan las barracas de los comerciantes le pertenecían. "Incluso se negaban a admitir que eran sus dueños", dice.

El Ayuntamiento cobró alquileres a los industriales hasta que murió el funcionario encargado de la recaudación y ya no volvieron a requerirles el pago. A pesar de todo, se respetarán sus derechos y podrán acceder a un local comercial de los que se construyan a 110.000 pesetas el metro cuadrado y a una plaza de garaje por 800.000.

El director general de la EMV, Luis Armada, pretende que los trámites legales para que se traspase la titularidad del suelo se completarán en diciembre, y para la primavera se podrá adjudicar la construcción de los dos edificios, que contarán con 75 viviendas de protección oficial cada uno.