Fraga acepta negociar la distribución de competencias

Manuel Fraga recogió ayer el guante lanzado por los alcaldes de toda España, y se convirtió en el primer presidente de una comunidad autónoma que, acepta oficialmente negociar la redistribución de competencias entre las administraciones central, autonómica y local. En su intervención en el acto de clausura de la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el presidente de la Xunta anunció su disposición a estudiar "con todas sus consecuencias" el traspaso de funciones de las autonomías a los municipios y, al mismo tiempo, contribuir a la mayor aportación de recursos para las corporaciones locales.En la asamblea de La Coruña se ha podido constatar la voluntad del Gobierno central de otorgar más poder a los ayuntamientos. Sin embargo, el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, advirtió que esta redistribución de competencias no depende sólo de la Administración central, sino también de las comunidades autónomas, que en estos momentos tienen atribuida la gestión de cuestiones -como servicios sociales, cultura o deporte- que los municipios pretenden descentralizar.

El llamamiento de Saavedra y de numerosos alcaldes a que las comunidades autónomas se impliquen en las negociaciones sobre el futuro pacto municipal fue respondido ayer por el jefe del Ejecutivo gallego. Fraga, quien advirtió que hablaba no sólo en su condición de presidente de la Xunta, sino también como representante del PP, recordó que él fue el primer político que planteó en España que el gasto público debe repartirse en un 50% para la Administración central, un 25% para las autonomías, y otro 25% para los ayuntamientos.

Compromisos

También apoyó explícitamente la concesión de créditos extraordinarios para paliar el déficit financiero de las corporaciones locales, aunque se mostró inconcreto a la hora de definir el compromiso de su Gobierno en la asignación de recursos al fondo autonómico de cooperación local. Su única promesa fue conceder a ese fondo "una especial prioridad".

El fundador del PP respaldó la demanda de reorganizar el modelo administrativo del Estado, con un proyecto "serio, valiente y sin demora", que debería condensarse en un Libro-Blanco. Esta nueva ordenación se regularía por el principio de subsidiariedad que, según Fraga, supone que "hay que buscar siempre el nivel administrativo más adecuado para cada función". "A veces los Estados intentan aplicar ese principio para cerrar el paso a los demás [ayuntamientos y comunidades autónomas]", precisó.