Los alcaldes desconfían de las promesas del Gobierno y amenazan con cerrar servicios

Los alcaldes emplazaron ayer al Gobierno para que ponga en marcha en dos meses sus compromisos adquiridos en materia política financiera. En enero, una nueva reunión del Consejo Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) decidirá el nivel de cumplimiento de los acuerdos contraídos por el Gobierno y, en caso negativo, adoptará medidas de presión, entre ellas, dejar de prestar algunos servicios a los ciudadanos. Esta decisión es una consecuencia del escepticismo existente entre los 1.500 alcaldes, reunidos en La Coruña, sobre el cumplimiento de las promesas del Gobierno para afrontar las deudas municipales y la insuficiente legislación existente.

Los alcaldes cogieron el guante de la oferta gubernamental, planteada el viernes por el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y la ataron en corto fijándole plazos. Los representantes municipales exigieron ayer, en su resolución final, que su problema más acuciante, el de la deuda -que a corto plazo asciende a 300.000 millones de pesetas- sea resuelto antes de fin de año. Entre sus reivindicaciones incluyen exigir 50.000 millones de pesetas al Gobierno por las liquidaciones de 1992.Fue en este punto donde Saavedra se mostró más impreciso, en su intervención del viernes, según coincidieron ayer, el presidente de la FEMP, Francisco Vázquez, y los alcaldes de Barcelona, Pasqual Maragall, y de Madrid, José María Alvarez del Manzano. Este último fue más rotundo y señaló: "De grandes líneas generales estamos ahítos. Queremos propuestas concretas. Quiero que me paguen".

Francisco Vázquez dijo ayer que tratará de precisar al máximo la propuesta de reescalonamiento de la deuda y de la bajada de los tipos de interés ofrecida por el Gobierno el viernes a los alcaldes. Fuentes gubernamentales reconocían ayer las dificultades para satisfacer esta petición "dados los problemas financieros de la Administración". Menos problema tiene la renegociación de la Ley de Haciendas Locales para permitir mejorar la tributación de los municipios, negociación que los alcaldes exigieron que se inicie antes de fin de año.

Los alcaldes pretenden introducir en los presupuestos la revisión al alza de los impuestos municipales -el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)-. Ayer, el presidente de la FEMP dijo que la próxima semana esta subida se presentará como enmiendas en los Presupuestos.

Dos mesas de trabajo

Respecto a la oferta de pacto municipal, el tema estrella de la asamblea, los alcaldes exigieron ayer la creación de dos mesas: una, con presencia del Gobierno, municipios y partidos políticos, para encontrar la salida al bloqueo político y financieros de los ayuntamientos. Otra, a la que se incorporarán las comunidades autónomas para delimitar las competencias que éstas deben ceder a los ayuntamientos para aumentar su poder dentro del estado de las autonomías. Esta exigencia requerirá una revisión de la actual Ley de Bases de Régimen Local, vigente desde 1985. La cesión de competencias en materia de Servicios Sociales y Cultura no presenta problemas.

Pero las de urbanismo, también exigidas, son otro cantar, según las fuentes autonómicas consultadas. La denuncia de los alcaldes se concreta en que los ayuntamientos ejercen en este momento algunas funciones que nominalmente tienen asignadas las comunidades autónomas. En este aspecto de la negociación el papel del Gobierno central será secundario, ya que es una cuestión que atañe preferentemente a las relaciones entre comunidades autónomas y municipios.

También en esta segunda mesa, los municipios plantearán a las comunidades autónomas que contribuyan a los fondos de cooperación local, otra de las resoluciones aprobadas ayer por la asamblea general de alcaldes.

Otra de las novedades, introducida a petición de los representantes municipales de Cataluña y Andalucía, fue la creación de una comisión de estudio para la posible cesión de un tramo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), opción sobre la que están el contra, el Gobierno y el PSOE, PP e Izquierda Unida.

La valoración final de la asamblea originó algunas diferencias entre el presiente, Vázquez, y el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. El primero dijo: "Hemos abierto el frente municipal y hemos conseguido que la relación del Gobierno con los municipios sea un compromiso de Estado".

Álvarez del Manzano, por su parte, insistió en el escepticismo, puso en duda la voluntad del Gobierno de cumplir los compromisos y manifestó que si se quiere impulso democrático hay que impulsar la institución más democrática, los ayuntamientos.

Mientras, el secretario regional del Partido Comunista de Andalucía y diputado de Izquierda Unida (IU), Felipe Alcaraz, pedía ayer en Málaga que los ayuntamientos declaren una jornada de "huelga institucional" el 25 de noviembre, coincidiendo con las movilizaciones de sindicatos y estudiantes, informa Antonio Méndez.

Paralelamente, Pedro Pacheco, alcalde de Jerez y secretario general del Partido Andaluz de Progreso (PAP), manifestaba en Sevilla que la asamblea de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) "no sirve para nada, salvo para que muchos alcaldes viajen con sus mujeres y conozcan La Coruña".