24 familias deben abandonar un bloque de Entrevías donde malviven desde 1985

Su calle tiene resonancias épicas: el Cerro de la Alcazaba, en Entrevías (Vallecas). Pero esperan no tener que ejercer una resistencia numantina. 24 familias gitanas deben desalojar, por orden judicial, un bloque que ocupan desde 1985. Las casas, apuntaladas y minúsculas, son de una constructora que ha pedido el desahucio. La Comunidad ofrece pisos sociales, pero el Ayuntamiento dice ue el realojamiento no es asunto suyo.

El bloque tiene sólo dos portales, el 49 y el 51. Desde fuera parece pequeño. Sólo el trasiego de vecinos da algún indicio de que más de un centenar de personas se hacinan en su interior. Unos patios se comunican con otros y, en medio de una maraña de ropa tendida, se ven las puertas de las viviendas, con menos de 30 metros cuadrados de superficie.En la casa de Francisca Muñoz Motos, de 35 años, no cabe ya ni un dedal. En un hueco duermen su hijo y su nuera, embarazada. En otro salón-dormitorio-cocina comparten cama otros tres hijos, la mayor de 19 años. Y en la habitación restante se apañan ella y su marido. El retrete, sin lavabo ni bañera, ocupa un pequeño cubículo.

"Vivíamos con nuestros suegros en un piso público de Entrevías, eramos cuatro matrimonios, demasiada gente, y nos tuvimos que marchar", explica. Su marido trabaja de ayudante de camarero en una conocida sala de fiestas madrileña de Retiro. "Solicitamos vivienda hace 13 años, pero nada", concluye.

Su vecina, Alicia Muñoz Gabarre, de 31 años, habita en esta pajarera desde hace ocho con su marido y su hijo. También vivió con sus suegros, una abuela y dos cuñadas en un piso social. Su marido es transportista. "Con su sueldo no nos da para pagar unalquiler", asegura. "Solicitamos un piso al Ministerio hace once años, y hasta hoy", concluye.

Maribí Jiménez, miembro de la asociación Integración Gitana, asegura que, hace dos anos, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad, y la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), se comprometieron a realojar cada uno a doce familias. "El Ivima mantiene su oferta, pero la EMV se ha cerrado en banda", asegura.

"Ya no realojamos"

El director de la EMV, Luis Armada, ratifica la negativa. "El Ayuntamiento no tiene competencias de vivienda, salvo para operaciones propias como las bolsas de deterioro urbano, no es atribución suya resolver este problema", explica. "Anteriormente quizá hemos realojado a algún vecino deshauciado de una vivienda privada como ésta, pero ya no lo vamos a hacer", añade.

Estas familias, matrimonios jóvenes con hijos que vivían con sus progenitores y hermanos en pisos sociales de Entrevías y el Pozo del Tío Raimundo, ocuparon el bloque en 1985. Sus antiguos habitantes habían sido realojados por el extinto Ministerio de la Vivienda a comienzos de los ochenta. La finca quedó vacía y expuesta a que alguien necesitado de cobijo diera la patada. La compró Calca, una pequeña constructora.

La Gerencia municipal de Urbanismo apuntaló el bloque y arregló el tejado para pasar la cuenta a los propietarios. Éstos ofrecieron la posibilidad de utilizar esas cantidades -unos 13 millones de pesetas- en realojar a estas familias en vez de arreglar un inmueble ruinoso.

No se hizo así, y los dueños tienen planteado un contencioso contra el consistorio por las reparaciones efectuadas que deben pagar. "Si las instituciones hubieran andado más listas podían haber aprovechado el ofrecimiento de la empresa", asegura Jiménez.

La orden de lanzamiento es firme. Han existido tentativas anteriores que se frustraron. Pero los juzgados de plaza de Castilla realizan 300 embargos y 30 lanzamientos diarios. Y no pueden permitirse que éste, que llevará a un elevado número de funcionarios, quede sin ejecutar.

La juez decana de Madrid, Manuela Carmena, ha hecho gestiones ante el gobierno regional para buscar una solución. En círculos judiciales hay nerviosismo: son demasiadas familias, llevan allí mucho tiempo y sólo se les podrá echar con una salida a sus problemas o con un gran despliegue policial.