Un debate sobre el pacto local

Las páginas de los medios de comunicación acogen en los últimos días un debate sobre la situación financiera de los Ayuntamientos españoles, calificada por los propios interesados como de quiebra técnica.El telón de fondo de este debate es la Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tiene lugar este fin de semana en La Coruña. En dicha asamblea se discutirá la formulación de un acuerdo nacional, al que se ha dado en llamar pacto local, que trataría de encontrar una solución a la actual problemática de los Ayuntamientos. Según la propuesta de resolución que se de batirá, sus males económicos tendrían remedio con más dinero y más competencias.

En este contexto se enmarca, a mi entender, la reunión de los alcaldes de los siete mayores municipios de España, quienes han pedido la cesión de un tramo del IRPF. El Gobierno la ha rechazado, pero ha sugerido que se puede buscar una salida por otras vías.

La discusión que se planteará en La Coruña acerca del pacto local merece algunas consideraciones que voy a expresar. En primer lugar, la misma definición de pacto remite a un acuerdo entre varias partes. Pero no es una buena manera de comenzar una discusión acusando a aquellos con los que se quiere pactar algo.

Y eso es lo que sucede con la propuesta de resolución de la FEMP. En la misma se achacan todos los males de los Ayuntamientos a las Administraciones central y autonómicas, las más afectadas por el pacto local, en cuanto que son las que deberían aportar el dinero y ceder las competencias reclamadas.

Está claro, pues, que no es un buen principio, salvo que el objetivo final sea otro distinto al inicial mente confesado por la FEMP y que los Ayuntamientos quieran sólo tapar su agujero económico.

La segunda consideración es poner de manifiesto una contradicción interna en la propuesta de resolución de la FEMP, en la cual se propugna potenciar y vitalizar el segundo escalón de la Administración municipal (diputaciones y cabildos).

En dicha propuesta de resolución no se hace referencia a que las comunidades autónomas uniprovinciales cumplen los cometidos de la Administración municipal de segundo nivel. De aprobarse la propuesta de pacto local, tal y como está redactada, significaría para esas comunidades una especie de ejercicio de esquizofrenia con ellas mismas. Serían juez y parte en el proceso a desarrollar.

Por ello, ante la propuesta de pacto local que auspicia la FEMP quiero exponer una serie de interrogantes para la reflexión desde el plano teórico, en modo alguno como rechazo de la propuesta, y con el ánimo de ayudar a clarificar el debate.

La primera cuestión que debe plantearse se refiere a si la situación financiera local es, comparativamente, tan alarmante. ¿No se estará magnificando, al presentar un panorama desolador de las arcas municipales, para conseguir una respuesta positiva rápida?

No vamos a negar que existe un problema financiero en los Ayuntamientos y que el mismo responde a diversas causas, tanto por incumplimientos como por insuficiencias del sistema de financiación. Pero también debemos preguntamos si la propia gestión municipal es todo lo eficiente que debería ser.

No obstante, hay que ser ecuánimes y decir que algunos Ayuntamientos han puesto empeño en obtener recursos con sus propios medios. Por ejemplo, erradicando las bolsas de fraude con la puesta al día del censo de contribuyentes. Sin embargo, otros muchos no quiere entrar en ello por el temor a perder unos pocos votos de ciudadanos insolidarios.

Una segunda cuestión a tener en cuenta es en qué se van a gastar las entidades locales el dinero que se solicita. Es decir, si con esos recursos se van a financiar nuevos servicios, o simplemente se va a cubrir el desfase para alcanzar un equilibrio financiero.

Un interrogante más es si la aplicación autonómica del mecanismo de financiación solicitado garantiza la suficiencia económica local o es un mero recurso coyuntural que obligaría a replantearse la situación a medio plazo.

Una buena gestión pública es de importancia trascendental para los ciudadanos y todo principio de racionalización y eficacia que se introduzca en ella ha de ser bienvenido; pero no podemos dejarnos llevar por el voluntarismo al aplicar esos principios. Esto nos induce a reflexionar acerca de si los municipios en su totalidad asumirían las nuevas competencias y si existe un análisis previo sobre la capacidad de gestión de éstos. No hay que dejar de lado la realidad, y ésta es concluyente: sólo una minoría de Ayuntamientos, los grandes, tienen esa capacidad.

Si el pacto local no es una carta a los Reyes Magos, resulta evidente que la inmensa mayoría de los municipios españoles no podrían asumir las competencias demandadas, salvo los que disponen de suficientes recursos, es decir, los llamados siete grandes y pocos más. ¿Y cuáles son esos municipios? ¿Qué criterios se seguirán para indicar que uno tiene capacidad y otro no? ¿Dónde se colocaría el listón?

Tampoco quiero dejar pasar por alto un dato que me parece significativo. La FEMP pide que se transfieran a los municipios las competencias de algunos servicios que generan ingresos, como es el caso del urbanismo. En cambio, no dice nada de aquellos que son esenciales para los ciudadanos, pero que sólo producen gastos. En este caso, puede servir de ejemplo el servicio de bomberos, que están obligados a prestar los Ayuntamientos que sobrepasan los 20.000 habitantes y que muy pocos asumen. Resulta legítimo preguntarse sobre los objetivos finales de este pacto local y si realmente responde al interés general. La propuesta de pacto no debe ser rechazada de plano, sino que en mi opinión, debe ser objeto de un profundo y sosegado debate que nos permita encontrar la mejor solución posible a la actual situación de los Ayuntamientos.