Los socialistas denuncian el reparto de 1.800 millones por el Gobierno canario

Los ayuntamientos socialistas canarios han iniciado una campaña de recursos contra el Gobierno de la comunidad autónoma, formado por Coalición Canaria (CC), con el fin de que los tribunales paralicen el reparto de los fondos correspondientes al Programa Canario de Empleo, dotado con 1. 800 millones de pesetas. Al menos, 10 corporaciones locales gobernadas por el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) habían recurrido hasta ayer dicho plan, por considerarlo "discriminatorio".Los alcaldes afectados justifican su reacción "porque los derechos de los parados son los mismos, residan donde residan y sea cual sea la afiliación política de sus corporacines municipales", según declaró José María Espino, primer edil socialista de Arrecife (Lanzarote) y presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam, integrada por los 87 ayuntamientos de las siete islas). Durante el pasado verano, los alcaldes del PSC-PSOE acusaron a la Consejería de Trabajo y Función Pública del Gobierno canario de haber repartido los fondos de dicho programa de empleo con criterios "insolidarios", favoreciendo a los municipios presididos por alcaldes de Coalición Canaria.

Fondos comunitarios

Pese a las explicaciones dadas en el Parlamento por Francisco Rodríguez, consejero de Trabajo, que negó la supuesta discriminación, el PSC-PSOE anuncié que acudiría a los tribunales. El eurodiputado socialista Manuel Medina advirtió, incluso, que pondría los hechos en conocimiento de las instituciones comunitarias para impedir un uso "politizado" de los fondos de la CE.

Ahora, tras los acuerdos adoptados en tal sentido por los plenos municipales, al menos 10 ayuntamientos socialistas han cumplido su amenaza. Se trata de dos tipos de recursos paralelos por la vía de lo contencioso-administrativo: uno de carácter ordinario y otro por un procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, según indicó a este periódico el abogado y concejal socialista de Santa Cruz de Tenerife Jorge García Prieto.

En opinión de los denunciantes, el Gobierno canario ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad y no discriminación. En unas dos semanas se sabrá si el polémico reparto del Programa Canario de Empleo queda o no suspendido.

Por otra parte, la Fecam solicitará la equiparación de los ayuntamientos canarios con los del resto del país en su participación en los tributos del Estado. Apoyados en una sentencia emitida en marzo por la Audiencia Nacional, reclaman pasar del 31% que ahora obtienen en concepto de población al 100% como los demás municipios en la distribución del Fondo Nacional de Cooperación Municipal. Un informe de la federación de municipios canarios cifra en varias decenas de miles de millones de pesetas el volumen que les correspondería de llevarse a efecto dicha homologación.