Un mercado dividido

Algo falla en un mercado laboral compuesto por 5,90 millones de asalariados fijos protegidos, 2,79 millones de eventuales indefensos en sus relaciones laborales y 3,39 millones de parados que quieren dejar de serlo. Nadie duda que esa dualidad hay que corregirla, pero a partir de ahí todo son discrepancias entre las partes directamente implicadas, los expertos y las organizaciones que participan en un debate muy crispado. No se ponen de acuerdo ni siquiera en la pregunta clave: la reforma laboral por sí sola ¿crea o no crea empleo?Es un debate que se reproduce cada vez que llega una crisis económica y en el que hay tres tipos de soluciones completamente divergentes. La reforma radical que propugnan el Fondo Monetario Internacional (FMI), los empresarios y buena parte de los economistas. Un cambio parcial, respaldado fundamentalmente por los expertos en derecho del trabajo. Y la posición a la defensiva de los sindicatos, que desconfían de mudanzas cuando dominan los aires neoliberales y casi prefieren que se queden las cosas como están.

El FMI anima al Gobierno español a adoptar cambios "audaces, radicales y de extremada urgencia" y presentaba sus recomendaciones hace apenas 10 días, en vísperas de debatirse la reforma laboral en el Consejo Económico y Social (CES),y en la mesa del diálogo social. Estas son algunas de sus recetas: la progresiva eliminación del monopolio del Inem, aumentar la movilidad funcional y geográfica, flexibilizar la jornada y endurecer las condiciones para cobrar el paro. A ello añadía la medida más polémica, que es abaratar el despido, "lo que va a requerir eliminar o limitar la autorización administrativa previa para reducir las plantillas".

El secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, niega la mayor y defiende que "el mercado laboral, por sí solo, ni crea ni destruye empleo". No obstante, considera necesaria la reforma "incluso por un interés particular. Comisiones Obreras no ha colaborado en el ordenamiento laboral de este país [Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical ... ], y por tanto, creemos que es perfeccionable". De lo que sí está convencido es de que los problemas no se arreglan sin medidas adicionales -"si la reforma laboral es independiente del modelo de desarrollo económico e industrial, será inservible"- y cree necesario un consenso -"si las reformas no son capaces de convencer a quienes las van a gobernar en la práctica, serán una fuente de conflictos".

La marca 'España'

A mitad de camino se sitúa el secretario general de Empleo, Marcos Peña, quien recuerda que con la legislación actual se han creado 1,5 millones de empleos en los años de crecimiento económico, defiende que "el mercado laboral es mejorable, no impresentable" y siente recelo de "la misteriosa secta de los asesores económicos". Los responsables del Ministerio de Trabajo alertan contra una reforma que persigue reducir los costes en España, pero a continuación se preguntan: "¿Para producir qué? ¿Dónde está la marca España?".

Hay demasiadas soluciones alternativas, confusas apelaciones a la modernidad y medias verdades. Una de éstas es que el despido en España es muy caro. ¿A qué se refieren quienes eso afirman? ¿A la indemnización que marca la ley o a lo que se paga en la realidad, muy por encima de ella? Aunque no existen datos oficiales y los empresarios se resisten a dar datos reales, las estimaciones que se están manejando indican que asciende a 6,5 millones de pesetas el coste medio de un despido en las grandes empresas. Se están pagando 58 días de salario por año trabajado en casos donde la ley marca 20 días. Mientras, dar por finalizado un contrato temporal -eso no se considera despido- se indemniza con 12 días por año.

Siendo caro y dificil rescindir una relación laboral de trabajadores fijos, en los últimos 10 años se han producido casi tres millones de despidos. La vía del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) es la más utilizada -el 61%- y donde se fijan las indemnizaciones medias más altas, que un informe de CC OO situaba en 1,45 millones de pesetas en 1991. Este sindicato cree que el empresario opta por este camino del pacto para despedir rápido y no tener que justificar las causas en el Juzgado de lo Social. Los casos que llegan a los tribunales -el 14%- se indemnizan con una cifra media de 897.400 pesetas. En los despidos por expedientes de regulación de empleo -el 22%-, la indemnización media se calcula en 662.000 pesetas, aunque los datos del citado informe corresponden sólo a pequeñas empresas y parecen muy alejados de la realidad.

Fabián Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Laborales y asesor de la patronal CEOE, considera "injusto aplicar la indemnización del despido improcedente [45 días por año trabajado] a los despidos por causas económicas [20 días por año]". Y eso ocurre porque, según sus datos, "existe este mensaje: que no se apruebe ningún expediente si no está acordado previamente. Eso es lo que lo encarece". Él defiende una reforma que afecte a toda la relación laboral, desde cómo se entra en el mercado de trabajo, para evitar la rotación, hasta el abaratamiento de los costes del despido.

El problema del despido

Ése es el punto más complejo de la reforma, el despido, pero hay más y muy importantes, como la movilidad o la estructura de la negociación colectiva, en los que no se avanza por la crispación que domina este debate.

De los trabajadores afectados por la movilidad no hay datos oficiales y tan sólo son constatables las dificultades para aplicarla. La funcional, por la compleja estructura de categorías profesionales marcada en las ordenanzas laborales franquistas, que frenan los cambios de los trabajadores de un puesto a otro. La geográfica, por las leyes y, sobre todo, por la carestía de la vivienda, que dificulta enormemente los traslados a otras ciudades.

En algunos sectores, la movilidad geográfica se solventa mediante unos incentivos económicos muy superiores a lo que dice la ley -ayudas de 20 días de salario por año trabajado- Es el caso de la banca, donde un trabajador que acepte voluntariamente trasladarse de ciudad recibe un plus de ayuda a la vivienda de entre 50.000 y 150.000 pesetas al mes por un periodo que oscila de los tres a los cinco años. A ello se suma un anticipo de nueve mensualidades sin intereses; un crédito vivienda equivalente al 400% del salario anual, con un tipo de interés entre el 7% y el 8%, y el ascenso de cateeoría.

Cuando la legislación es rígida, algunas empresas lo solventan a través de la negociación colectiva. Ésa es la experiencia de Jesús Fernández de la Vega, desde hace ocho años director de relaciones laborales del grupo Repsol con 19.000 trabajadores- y consejero del CES por el grupo de empresarios. En modalidades de contratos no encuentra problemas -"la panoplia es suficientemente amplia y flexible"- y no le parece mal recuperar la causalidad contrato temporal sólo para tareas eventuales- si se modifica el mecanismo de despido.

Su solución es ésta: "Es necesario ajustar el volumen de empleo en cuanto a facilidad y coste. Sería un coste razonable limitar los baremos a 20 días por año trabajado, lo que dice la ley, no lo que se pacta, que es sustancialmente superior" aunque no quiere precisar cuánto paga su grupo. Además cree necesario que haya más facilidad en la aprobación por la Administración de los expedientes de regulación no pactados.

La razón por la que considera conveniente modificar el despido es que necesitan "un ajuste gradual de las plantillas, porque tenemos costes de personal muy altos. La situación de la empresa es buena, pero necesita garantizar el futuro. La compañía va ganando en eficacia, invierte en mejoras de gestión y organizativas. Podemos hacer lo mismo con menos personas".

En suma, cree que la reforma del mercado de trabajo sirve para solucionar el paro y para mejorar la competitividad. Jesús Fernández de la Vega está convencido de que "la desaparición de las rigideces facilitará que la contratación se dinamice cuando no haya crisis".

Empleo y rigidez

Esa misma idea se recoge en el programa de convergencia del Gobierno español. Allí se dice que "la rigidez fue incapaz de evitar que en la fase recesiva desde 1977 hasta 1985- se perdieran más de 1,72 millones de empleos netos. Entre 1985 y. 1991, las posibilidades abiertas por la reforma de las modalidades de contratación permitieron la mayor generación de empleo que jamás hayamos conocido. Es decir, en cinco años de mercado de trabajo flexible se creó el doble de empleo que en los 20 años del milagro económico español".

Se genere o no empleo, con la reforma laboral están en juego muchas cosas, entre ellas un modelo de relaciones laborales propio de la cultura europea. Para Antonio Gutiérrez, el peligro está en "retroceder 40 o 50 años por una coartada ideológica que ha cobrado fuerza en Europa: lograr competitividad frente a EE UU y Japón. El único parámetro es aplicar la desregulación laboral que hay en esos países".

Algunas incertidumbres se resolverán cuando el Gobierno español responda al interrogante planteado por Jaime Montalvo, catedrático de Derecho del Trabajo, consejero del CES y uno de los redactores del dictamen del consejo. Su duda es ésta: "¿Nos van a dejar la reforma a nosotros, o la van a hacer los economistas?"