La "cesión del 15%"

Hemos asistido, en los últimos meses, al debate más impropio que haya podido concebirse sobre el desarrollo de nuestro Estado autonómico: la mal llamada "cesión del 15% del IRPF".Lo que se pretende implantar no es la cesión de la principal figura del sistema fiscal español, sino atribuir a las comunidades autónomas una participación en dicho impuesto, logrando al mismo tiempo un mayor protagonismo en la autogeneración de sus ingresos.

Ambas ideas son erróneas. Las comunidades autónomas participan, desde siempre, en la recaudación del IRPF, pues la LOFCA [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas] les reconoce la participación en los tributos que recauda el Estado; es decir, esa participación existe ya. No hay pues ninguna novedad y no parece que la fórmula aprobada vaya a propiciar una mayor capacidad en la autogeneración de ingresos, ya que el Estado se reserva toda la capacidad normativa y de gestión del IRPF. Las comunidades autónomas se quedan, desde este punto de vista, tan pasivas, tan convidadas de piedra, como antes.

El origen del problema no es otro que la incapacidad del llamado "Sistema LOFCA" para proveer recursos suficientes a las comunidades autónomas de régimen común y sobre todo para reducir las diferencias derivadas del sistema foral de Navarra y País Vasco que, como es sabido, gozan de una auténtica holgura financiera, con un diferencial de financiación en pesetas por habitantes y año de un 30% o 40% más, para techos competenciales similares.

Para remediar esta deficiencia, unos invocan el principio de autonomía y otros el de solidaridad, ambos con rango constitucional, con la esperanza de aumentar su capacidad financiera. Los cabezas de fila son Cataluña y Extremadura.

Ha sido Cataluña la que reiteradamente ha puesto sobre la mesa la discriminación que origina la LOFCA exigiendo respuestas concretas, que se han ido saldando con unos platos de lentejas, suculentos como nada, y que remediaron el hambre de momento. Alguna vez había que abandonar esa dieta, para pasar a un régimen más acorde con los tiempos que corren, tanto en la cuantía de las calorías como en la originalidad del menú.

Fue el PSC-PSOE quien elaboró una receta que rápidamente fue fagocitada por los nacionalistas catalanes. A partir de ahí, Solchaga-Borrell la editan (Libro Blanco de la reforma del IRPF), Zabalza la precocina y la hiberna (documento de 2 de marzo de 1993), Martínez Robles la descongela y sazona, y, Solbes, con la aprobación de González, la sirve a la mesa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado día 7 de octubre. La finalidad no era otra que el apoyo de CiU a los Presupuestos Generales del Estado. Se aborda un problema estructural con una solución de coyuntura.

El Libro Blanco de la reforma del IRPF dedicó un capítulo a la participación, entonces solamente posible, de las comunidades autónomas en la recaudación obtenida en el territorio respectivo, con la finalidad de aumentar la corresponsabilización fiscal, hasta entonces inexistente, de las comunidades autónomas y que hoy, después del acuerdo del 7 de octubre, sigue sin existir.

En el documento elaborado por Zabalza y que lleva por título Propuesta para elevar la corresponsabilidad fiscal y garantizar la prestación de servicios mínimos de las comunidades autónomas, se propone un sistema parecido al de recargo que prevé la LOFCA: se establece una especie de recargo uniforme de entrega para todas las comunidades autónomas, rebajando la presión fiscal impuesta por el Estado, implantando al mismo tiempo un mecanismo de garantía de servicios mínimos en desarrollo del artículo 15 de la LOFCA, para compensar las posibles pérdidas de recursos que determinadas comunidades autónomas iban a experimentar.

El apoyo "necesario" de CiU al PSOE ha exigido abordar como cuestión previa la cesión del 15% del IRPF, olvidándose de desarrollar el artículo 15 de la LOFCA, que garantiza unos servicios mínimos.