La caída de ingresos precipita el debate sobre la reforma de la Administración del País Vasco
Los 70.000 millones de pesetas que las haciendas vascas dejarán de recaudar este año han hecho sonar la alarma en el Gobierno vasco y han acelerado el debate sobre la reforma de la abultada y compleja Administración autónoma. De momento, además de recortar entre el 5% y el 26% las partidas presupuestarias de la mayoría de los departamentos, el Ejecutivo vasco ha optado por cubrir el agujero presupuestario del próximo año con una emisión de deuda pública superior a los 70.000 millones de pesetas. La deuda en circulación de la Administración vasca ascenderá así, a finales de año, a un total de 238.772 millones, casi el 6% del producto interior bruto de la comunidad.
Según la Consejería de Hacienda, que dirige José Luis Larrea, los recortes en el gasto y el aumento de los déficit públicos y, en principio, del propio déficit presupuestario de 1993, deberían bastar para cubrir el bajón recaudatorio, pero este cálculo está construido sobre la hipótesis de la congelación salarial para los 51.000 empleados autonómicos. Una hipótesis en todo caso conflictiva, toda vez que los sindicatos no parecen dispuestos a renunciar a la subida del 8,5% pactada meses atrás en convenio con la Administración. Ya el pasado año, el Consejo Vasco de Finanzas recomendó congelar el sueldo de los altos cargos y atenuar en lo posible la subida de los sueldos de los funcionarios. Portavoces de la Administración han indica do que la subida de los sueldos de los funcionarios acarrearía el reajuste de unos presupuestos ya recortados y el tijeretazo a alguna de las partidas, como la destinada a gastos sociales o inversión, que el Gabinete de José Antonio Ardanza no quiere tocar.
La caída de la recaudación, estimada en un 9,5% de los in gresos previstos, ilustra, desde luego, sobre el alcance de la crisis y acrecienta el peso del gasto corriente de la Administración vasca en los menguados presupuestos públicos. El descenso en la recaudación coincide, justamente, con la elaboración del plan de reforma de la Administración encargado por el pleno del Parlamento autónomo, un plan que trata de optimizar y racionalizar servicios y recursos humanos en cada uno de los departamentos y eliminar algunas de las duplicidades existentes entre el Gobierno y las poderosas diputaciones vascas, además de plantear la supresión de alguna de las sociedades públicas.
Enrique Portocarrero, director del Círculo de Empresarios Vascos, es de los que creen en la urgente necesidad de reformar la actual Administración autónoma. "Hay que simplificar el entramado institucional para hacerlo menos costoso y más eficaz", afirma. Mario Fernández, ex consejero de Trabajo del Gobierno vasco, cree que ha llegado el momento de abrir un debate general y a fondo sobre la capacidad de la actual Administración autónoma vasca para hacer frente a la crisis. "Si el mercado laboral es rígido, qué podemos pensar", indica, "de los obstáculos legales, a veces irresolubles, que suscita, por ejemplo, el traslado o el simple cambio de puesto de los funcionarios".
Javier Olaberri, ex diputado vasco de Euskadiko Ezkerra (EE) y ahora concejal independiente de San Sebastián, considera que los 70.000 millones no recaudados por las haciendas vascas -"el doble del presupuesto de Industria del Gobierno vasco"- constituye "un verdadero terremoto en las finanzas" de una Administración que "ha ido creciendo alegremente, practicando el clientelismo, sobre la base de fuertes ingresos y escasos compromisos iniciales de gasto".
El ex parlamentario vasco se pregunta de dónde sacará ahora el Gobierno vasco, formado por el PNV y el PSE-EE, la autoridad moral necesaria "para suprimir puestos funcionariales creados por los amigos del partido, subvenciones otorgadas con criterios de clientelismo y obras faraónicas que buscan el halago y no la utilidad". A su juicio, el fondo del asunto no es la "tímida reforma de la Administración autónoma que prepara el Gobierno, sino la Ley de Territorios Históricos (LTH) y las amplias competencias que esa ley otorga a las diputaciones, verdaderos gobiernos provinciales".
Problema político
Sin llegar a cuestionar la LTH -tema tabú dentro del PNV por los dolorosos conflictos internos que supuso-, pero sí la interpretación y aplicación "foralista" de esa ley, un estudio del Círculo de Empresarios Vascos critica la duplicidad, solapamientos y yuxtaposiciones de funciones entre las diputaciones y el Gobierno vasco, y concluye que esa falta de coordinación responde a una determinada voluntad y concepción política.
Desde una posición cautelosa, el ex consejero de la Presidencia Juan Ramón Guevara, tras advertir que "se confunde el modelo con su concreta aplicación" y que en Euskadi se ha utilizado el modelo para "intentar dirimir otras cuestiones", señala que hay que racionalizar el debate. "Hay que ir a los temas concretos, a los problemas reales, y buscar soluciones con imaginación y valentía". "El problema", añade, es fundamentalmente político, y como tal debe ser tratado".
