Constitucional, partidario de anular la "patada en la puerta" de la ley Corcuera

El precepto más polémico de la denominada ley Corcuera, el que permite a los policías entrar y registrar un domicilio sin autorización judicial cuando tengan "conocimiento fundado ( ... ) que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer", un delito de narcotráfico, será declarado inconstitucional. Ése es el criterio de la mayoría de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, que deberán pronunciarse sobre los recursos presentados contra la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Ése es también el criterio del ponente, Fernando García-Mon, sobre el que hace vanas semanas que debate el tribunal. Hay acuerdo entre los magistrados sobre la incompatibilidad del artículo 21.2 de la ley Corcuera con el 18 de la Constitución (que declara inviolable el domicilio y fija que "ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en los casos de flagrante delito"). En cambio, los magistrados no son partidarios de declarar inconstitucional la retención policial.Aunque no es probable que se vote hasta noviembre, el contenido esencial del proyecto elaborado por García-Mon es conocido en el entorno gubernamental. En medios próximos al Ejecutivo existe preocupación: se estima que si el varapalo jurídico se confirma, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, podría hacer efectiva su retirada del cargo.

La existencia de este texto, sobre el que ya ha discutido el pleno del Constitucional, ha sido confirmada en fuentes jurídicas.

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