Los vecinos de la casa derrumbada en Chamberí tuvieron que salir también de su piso provisional

Una pared de la casa de Pilar (el número 27 de la calle de Blasco de Garay, distrito de Chamberí) se derrumbó el 24 de septiembre. Su alegría ya se había derrumbado antes, cuando supo que el sida había condenado a uno de sus dos hijos. Pilar tuvo que abandonar con lo puesto su piso de 28 metros cuadrados y vivir estos 20 días de prestado en un apartamento que les facilitó la Junta de Chamberí hasta que pudiesen volver a entrar en su casa, pero sólo para recoger sus pertenencias mientras no se reconstruya el edificio. Ayer no sabía dónde iba a dormir.

Mientras las bolsas de ropa volaban desde un cuarto piso, su hijo agonizaba en un hospital. Pilar se dedica con su marido a la venta ambulante, "pero ¿quién deja solo a un hijo moribundo?", se pregunta ella. Empapada de lluvia y lágrimas, Pilar se desespera al pensar que, a partir del momento en que entró a recoger sus ropas, el televisor y algunos papeles, tampoco dispone de un techo que garantice la intimidad de su dolor."Nadie se va a quedar en la calle", declaró la concejal del distrito, Mercedes de la Merced: quienes vivían allí de alquiler -media docena- podrán quedarse algún tiempo más en los apartamentos Galileo y Perseo (donde el Ayuntamiento les ha facilitado cobijo). Por su parte, los propietarios de las 29 viviendas -como Pilar- podrán solicitar ayudas si no poseen ingresos suficientes para salir del paso. Mientras tanto, ayer vivían en la incógnita.

Los vecinos culpan a la empresa que construye al lado de su casa (ltarde) del derrumbe. El aparejador de la Gerencia de Urbanismo que dirigía ayer el flujo de vecinos en busca de sus pertenencias, Edmundo Munilla, afirma que las excavaciones en el solar vecino "podrían haberse hecho mejor", pero matiza que "será el juez quien dictamine las responsabilidades". Munilla señala que el departamento municipal de Protección de la Edificación ha empleado un buen dinero (no quiere dar una cifra) en las obras necesarias para asegurar el edificio. Y pasará la factura a la comunidad de propietarios.

El jefe del departamento de Protección de la Edificación, Fernando Macías, señala que tenían orden de reparar la casa (que cumple un siglo) desde enero de 1991. "Tenían un presupuesto de 36 millones para rehabilitar el edificio", afirma Macías. A esa cantidad hay que sumar ahora las obras de seguridad necesarias para empezar a rehabilitar el edificio y las reparaciones realizadas por el Ayuntamiento. Los propietarios decidirán si reconstruyen la casa o terminan de tirarla. El presidente de la comunidad, Isidoro Sanfrutos, explicaba que todavía no han decidido si derribarán el edificio o lo rehabilitarán. Otro vecino le corrige: "Derribar es lo último".