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El juicio sobre Alcalá 20 se celebrará en una sala de condiciones ínfimas

La tragedia se pudo haber evitado si la única manguera que había en la discoteca hubiese funcionado

Los jóvenes que aquel día se encontraban en la discoteca Alcalá 20 se vieron envueltos en un tumulto mortal. Y sus familiares deberán soportar el lunes el hacinamiento cuando ejerzan su derecho a presenciar cómo se administra justicia. La sala prevista para el juicio acogerá sólo a 120 asistentes, porque carece de capacidad para más. El 17 de diciembre de 1983, hace ya casi 10 años, 81 personas -la mayoría jóvenes- murieron en aquella sala atrapadas bajo el humo y las llamas, y sin las más elementales garantías de emergencia, según el fiscal. Sólo los padres de los fallecidos suman 162 (los heridos fueron 28). Todos ellos, si desean entrar a la sala de la Audiencia de Madrid, deberán madrugar y agolparse a la entrada: sólo se permitirá el paso a los 120 primeros. El Ministerio de Justicia ha estado atento en otras ocasiones a la repercusión social de determinados procesos. Así sucedió, por ejemplo, en 1986, con el juicio sobre el síndrome tóxico causado por el aceite de colza desnaturalizado. Y más recientemente con el relativo a la Operación Mago (también llamada Operación Nécora). En ambos casos. se habilitaron salas especiales en los pabellones de la Casa de Campo, adaptando así a nuestros días el viejo mandato legal de que los juicios sean públicos. Pero con las actuales previsiones para el juicio que comienza pasado mañana, lunes, día 3, deberán hacer cola ante la sala de audiencias el portero del edificio de Alcalá, 20, quien vio cómo su hija pequeña, María José, se precipitaba al vacío desde el último piso del inmueble huyendo del letal humo que subía desde la discoteca; o los allegados de María Teresa Fernández, convertida hoy casi en un vegetal; o el matrimonio cuyos dos hijos fueron devorados por las llamas... "Ese sitio [la sala escogida] es una vergüenza", se lamenta Carlos García, abogado de uno de los ocho procesados, entre los que se encuentra el ex concejal socialista Emilio García Horcajo, entonces responsable político de Seguridad Ciudadana. "Se podían haber gastado dos millones y alquilar un local en condiciones en cualquier otro lugar", remata el letrado. Un magistrado de los que preparan el juicio espetó, al ser preguntado al respecto: "Tampoco íbamos a irnos al Bernabéu". El edificio de la Audiencia fue inaugurado este año, y ya entonces la asociación Jueces para la Democracia advirtió que no reúne las condiciones necesarias ni siquiera para juicios de escasa trascendencia. La vista durará casi tres meses. En ese tiempo deben personarse los 8 procesados, 196 testigos y 55 peritos. Las plazas reservadas a los periodistas son 16, y otras 20 serán ocupadas por los abogados. PASA A LA PÁGINA 3

El fiscal reclama 13 años de cárcel para siete de los ocho procesados por el incendio de Alcalá 20

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El lío que se avecina para la primera sesión del juicio por el incendio de Alcalá 20, la del lunes día 4, puede ser descomunal. Pedro Javier Rodríguez, presidente de la Sección VI de la Audiencia, el órgano que juzgará la tragedia del 17 de diciembre de 1983, reconoce que la sala no es la más adecuada para un juicio de esta envergadura.

Las alternativas a la calle de Cartagena estudiadas han resultado infructuosas. La dura realidad es que "sólo podrán entrar las 120 personas que lleguen primero; después se cerrará la puerta", admite, con impotencia, Pedro Javier Rodríguez.

La exigua capacidad de la sala no parece el único problema. Aunque es la más espaciosa de las existentes en la Audiencia madrileña, cobija en su interior cuatro gruesas columnas que dificultan seriamente la visibilidad (ver gráfico adjunto).

Antonio García-Pablos, que defiende a las familias de 58 víctimas, también reprueba la precariedad del escenario: "El criterio del Tribunal Constitucional es bien claro: debe haber suficiente espacio para cuantas personas quieran asistir". Ante la previsible avalancha de afectados, amigos y familiares e incluso de curiosos, el tribunal llegó a barajar la posibilidad de acreditar a un familiar por cada víctima. Pero, "¿a quién, al padre, a la madre ... ?", cuestiona el presidente del tribunal.

También se estudió como escenario del gigantesco juicio la Casa de Campo; y tampoco ha sido factible: "En la actualidad se celebra allí el juicio de la Operación Nécora". Otra de las alternativa, el Palacio de Justicia, en Las Salesas, se ha descartado igualmente. "Está en obras, y la gente tendría que pasar por encima de los cascotes...".

Ocho acusados

En este juicio se ventilan más de 1.200 millones de pesetas en indemnizaciones. Ningún beneficiario ha cobrado aún, a pesar de que han pasado 10 años. Por cada fallecido, el fiscal demanda 15 millones de pesetas; la cantidad se eleva en función del número de hijos de los fallecidos.

La indemnización más abultada que demanda el fiscal se eleva a 50 millones de pesetas, para María Teresa Fernández Carpintero, la muchacha de 28 años a la que el tóxico humo mantuvo durante 442 días en un hospital. Ha perdido parte de la visión, sufre síndrome de Parkinson, no puede mover la parte derecha de su cuerpo... Y, además, tiene una hija que entonces no alcanzaba los 10 años.

Ana Díaz, soltera de 22 años, dejó solos en este mundo tres hijos. Los pequeños se encuentran hoy bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

Son ocho las personas procesadas por este asunto, aunque el fiscal sólo acusa a siete de ellas. El ministerio público no aprecia responsabilidad penal en la actuación del entonces concejal García Horcajo y, por consiguiente, en el Ayuntamiento de Madrid. No opinan igual los abogados de las víctimas.

Así, en el banquillo deben sentarse Juan Antonio Iglesias, Carlos Mendoza, Doroteo Martín, Pedro Rascón, Emilio Urdiales (copropietarios de la discoteca Alcalá 20), Miguel Gabaldón (instalador autorizado por Industria) y Guillermo Herranz (miembro de la junta de inspecciones de espectáculos del Ministerio del Interior). También estará el edil García Horcajo. Los abogados de las víctimas sostienen que actuó negligentemente al no ordenar una inspección de la discoteca.

A un total de 13 años de cárcel (por delitos de imprudencia y falsedad de documentos) se enfrentan los acusados.

Los procesados han acudido a algunos de los abogados más prestigiosos (José María Stampra, Joaquín Ruiz Giménez, Enrique Gimbernat, Carlos Usua, Gonzalo Rodríguez Mourullo).

El fiscal menciona en su escrito una retahíla de despropósitos y dejaciones difíciles de superar. Llama la atención el acusador público sobre la mortal espuma de poliuretano que utilizaron los propietarios del local para rellenar cojines y aderezar paredes, en definitiva, para dar mayor vistosidad a la sala. Pese a que algunos de ellos, según el fiscal conocían el peligro que podía ocasionar ese material en caso de incendio. Era una bomba de relojería.

Relata el fiscal que cuando e fuego devoró todo aquel mobiliario, el tóxico humo se propagó rápidamente por la discoteca Dejó tumbados en el suelo, pare siempre, a muchos jóvenes (de una media de 25 años) que habían acudido aquella noche a la sala en busca de diversión. Al ver las llamas -y en medio de un apagón de luz- algunos cliente buscaron desesperadamente la débiles o inexistentes señales, luminosas, que les indicasen dónde estaban las puertas de emergencia. Para colmo, varias estabar cerradas con llave.

Asevera el acusador público en su escrito provisional que Alcalá 20 "comenzó a funcionar' con un permiso de temporada "No tenía licencia de apertura" remacha el abogado que representa a la mayoría de las víctimas, Antonio García Pablos.

En uno de los papeles que remitieron los dueños del local a Ministerio del Interior para con seguir la licencia de apertura se aseguraba que la discoteca tenía seis puertas de emergencia; en realidad había tres, según el fiscal.

"Un hilito de agua"

Pero eso no es todo: declarado e incendio, no funcionaron los extintores, y la manguera antiincendios no sirvió para nada. Sólo había una, tan corta y tan mal instalada, que el agua no llegó a escenario principal, donde se produjo el primer foco.

Mientras contemplaba, ayer los preparativos del juicio, en la sala cero de la calle de Cartagena, Mario Serrano, letrado de la familia de una de las víctimas explicó: "Sólo salió un hilito de agua de la manguera; si hubiese estado en condiciones, quizá no estaríamos aquí hoy".

Pedro Rascón, uno de lo procesados, estaba aquella no che en Alcalá 20. Fue quien, a comprobar la ridícula potencia de la manguera (y cuando ya e fuego se revelaba ingobernable ordenó el desalojo inmediato de local. Todavía quedaban dentro más de 200 personas.

Sobre el papel se decía que e aforo de la discoteca era de 500 personas. Pero lo cierto es que casi todos los días, desde la apertura, el número de asistentes rebasaba con creces esa cifra.

Antes del incendio, mucho vecinos de la zona denunciaron ante el Ayuntamiento el fragor que, desde la apertura, había en torno al local. No se tomaron medidas a tiempo. Aquella noche, la del 17 de diciembre, desfilaron por Alcalá 20 alrededor de 1.600 clientes, más del triple de su capacidad.

Han pasado ya 10 años desde el desastre y las huellas de la tragedia (la niña que caía al vacío sin que sus padres pudieran agarrarla, por ejemplo) no se han borrado. Siguen vivas en los malos recuerdos. Y ahora, a partir del lunes, aguardan a la justicia.

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* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de octubre de 1993

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