El tribunal estudia liberar a los acusados del banquillo

Los 47 procesados en el mayor juicio contra el narcotráfico abierto en España podrán gozar del privilegio de poder ausentarse de las sesiones que no les afecten si el tribunal acepta una propuesta formulada por los abogados defensores que, caso de prosperar, sentaría el primer precedente de juicio a la carta celebrado en España. A media tarde, el tribunal se retiró a deliberar y hoy hará pública su decisión, previsiblemente a favor de una medida a la que no se opuso el ministerio fiscal. "Tener aquí a una persona durante cuatro meses sería igual que anticipar su condena", resumió uno de los letrados. La Fiscalía Especial Antidroga, que celebró una reunión de fiscales en días pasados para estudiar el asunto, acudió al proceso con instrucciones de no oponerse a eventuales ausencias de los acusados, ya que su presencia en el tribunal "es un derecho más que una obligación", según explicó el fiscal especial Javier Zaragoza.

La práctica totalidad de los abogados defensores respaldaron la propuesta de que sus defendidos puedan ausentarse del tribunal, y algunos de ellos además pidieron al tribunal que este derecho se haga extensivo también a los que están en prisión, y no solamente a los que se encuentran en libertad provisional. El fiscal que llevará la acusación en el juicio, Javier Zaragoza, manifestó que no tenía inconveniente en que los procesados puedan ausentarse de las sesiones que no les afecten siempre que sus abogados permanezcan presentes ante el tribunal y los acusados estén permanentemente localizables.

Además pidió que los procesados que decidan ausentarse hagan renuncia expresa a su asistencia, con la conformidad de su abogado, y que estén presentes durante las pruebas de cargo y de descargo.

La novedad de que los procesados puedan ausentarse del juicio en aquellas sesiones que no les afecten directamente comenzó a plantearse en medios forenses tras el macrojuicio de la colza, en el que todos los acusados tuvieron que permanecer en el banquillo ininterrumpidamente durante año y medio y posteriormente una docena de ellos resultaron absueltos. La inasistencia al juicio es práctica habitual entre los presos de ETA, que piden ser retirados del tribunal incluso antes de contestar a los interrogatorios.

Esta postura nunca ha supuesto un obstáculo a la hora de dictar sentencia. Según fuentes de la fiscalía, la facultad de ausentarse en algunas sesiones será previsiblemente otorgada también a los acusados en el juicio por el incendio de la discoteca madrileña Alcalá 20, que se celebrará próximamente.

Interrogatorio fraccionado

El tribunal también tendrá que pronunciarse hoy sobre la propuesta del fiscal Javier Zaragoza relativa a que el arrepentido Ricardo Portabales, cuyas revelaciones sirvieron para cimentar el sumario contra el narcotráfico gallego, pueda ser interrogado de forma fraccionada, sobre cada grupo de hechos en los que ha intervenido o en los que ha inculpado a los demás.

En el escrito de acusación del fiscal, Portabales aparece implicado en 13 hechos delictivos, principalmente desembarcos de hachís y cocaína en las costas gallegas, pero sus declaraciones se extienden a otros 11 delitos más cometidos por sus compañeros de banquillo.

La propuesta del fiscal fue contestada por la mayoría de los defensores, que pidieron que Portabales declare al principio de la vista y de forma ininterrumpida sobre todos los delitos.

El juicio dio comienzo sobre las once de la mañana. Los procesados que se encuentran en libertad provisional ocuparon los siete bancos del fondo de los estrados. Carlos Goyanes y Celso Barreiros se sentaron en bancos distintos y a cierta distancia uno de otro. Ambos habían llegado también por separado al pabellón de la Casa de Campo donde se celebra el juicio, acompañados de sus respectivos equipos de abogados.

"No tengo nada que decir", se zafó Carlos Goyanes cuando los periodistas le preguntaron por su estado de ánimo. El empresario se apresuró a entrar al pabellón cuando algunas mujeres de un colectivo vigués de Madres Contra la Droga comenzaron a perseguirle llamándole "¡asesino!".

Los 15 procesados que siguen en prisión preventiva desde su detención en junio de 1990 se distribuyeron en las tres primeras filas, custodiados por un fuerte dispositivo policial. En primera fila se situaron los inculpados como principales capos gallegos, entre ellos Manuel Charlín Gama, José Manuel Padín Gestoso, José Paz Carballo y Albino Paz Díz. Tras ellos, Laureano Oubiña y Alberto Vargas. Después de que la policía hiciese salir de la sala del juicio a los fotógrafos hizo su aparición Ricardo Portabales, que ocupó el último banco, detrás de los demás procesados. A su lado se sentaron otro arrepentido, Manuel Fernández Padín, y varios policías.

El proceso se inició con la lectura de las conclusiones provisionales de la Fiscalía Especial Antidroga por parte de la secretaria del tribunal. Un trámite prácticamente suprimido en la Audiencia Nacional, pero que ayer el tribunal hizo cumplir, quizá para subrayar la excepcionalidad del juicio.

Durante algo más de hora y media, la secretaria leyó sin interrupción los 50 folios que resumen la acusación contra los traficantes de cocaína y por los que la Fiscalía Especial pide condenas que totalizan 700 años de cárcel y multas que se aproximan a los 9.000 millones. El resto de la sesión se consumió en debatir la propuesta de los letrados para que sus defendidos no tengan que estar siempre presentes.