El presidente de Filipinas ordena el desmantelamiento de los 654 ejércitos privados que operan en el país

El pasado mes de julio, 22 alcaldes filipinos marcharon por las calles de la capital provincial de Lanao del Sur, escoltados por medio millar de matones con lanzagranadas, metralletas y fusiles de asalto, y lograron neutralizar la destitución de otro alcalde, recomendada por el gobernador. El presidente, Fidel Ramos, cuya autoridad desafían estas partidas de pistoleros, ha ordenado el total desmantelamiento de los 654 ejércitos privados listados en todo el país.La fecha límite para la entrega de las armas en poder de esos ejércitos era el pasado día 9, pero se amplió hasta noviembre por los pobres resultados obtenidos. Se les ha amenazado con el empleo de la fuerza. "En esta ocasión no seremos tan educados y corteses", garantizó Ramos.

Los ejércitos irregulares, con cerca de 40.000 miembros, proliferan en los feudos filipinos desde los años cincuenta y durante las elecciones han sido repetidamente utilizados por los caciques provinciales para asegurar su victoria o las de sus cómplices; cuidan también de las haciendas de los grandes empresarios, amedrentan y efectúan el trabajo sucio de los sindicatos del delito organizado.

En las provincias de mayoría musulmana, estos batallones campan por sus respetos y algunos son intocables. Además, las agencias de seguridad emplean a 200.000 hombres y mujeres, visibles con sus recortadas y cartucheras en numerosos establecimientos de la capital.

El detonante de la acción gubernamental fue el asesinato y violación, el 28 de junio, de una estudiante de 19 años y de su novio. La joven había desairado al alcalde de Calauan, pueblo situado a 75 kilómetros de Manila, quien, celoso, ordenó su eliminación, según la fiscalía. Nadie en esa localidad de 32.000 habitantes atestiguó contra Antonio Sánchez porque los sicarios a sus órdenes desfilaron también advirtiendo con represalias si alguien hacía testimonios.

El ministro del Interior, Rafael Aluna III, ha reconocido que estos ejércitos privados, de dificil erradicación, constituyen un obstáculo fundamental en el proceso hacia la paz. "El objetivo de la medida no es crearnos nuevos enemigos, sino conseguir el orden imprescindible para que el desarrollo nacional sea posible". Después del mandato oficial, cursado hace dos meses, el Gobierno asegura que 300 grupos han aceptado su desarme. Muchos de ellos, sin embargo, han entregado únicamente 1.200 pistolas, fusiles ametralladores, arsenal en su mayoría inservible o defectuoso y veterano de la II Guerra Mundial. "Lo que queremos es la entrega del armamento más moderno", reclamó el ministro.

La ausencia de una legislación específica contra estas bandas, una de las cuales agrupa a 8.000 hombres, entorpece la acción de la justicia.