El Gobierno da luz verde a la cesión del 15% del IRPF
Saavedra garantiza a Pujol cambios inmediatos en la política autonómica y discutir sobre los gobiernos civiles
El Gobierno dará luz verde el próximo 17 septiembre a la cesión del 15% del RPF a las comunidades autónomas. Así lo comunicó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El Gabinete dará vía libre a la cesión con un año de retraso debido a las diferencias en el seno del PSOE, incluyéndola en el anteproyecto de Presupuestos [el Estado para 1994. La cesión se hará aunque no haya acuerdo con todas las comunidades, según Saavedra. En el curso de una entrevista que duró dos horas, el ministro prometió a Pujol "un nuevo talante" en política autonómica que se plasmará en "gestos" como la discusión del "tema de los gobiernos civiles", cuya desaparición pide la Generalitat.
Saavedra viajó a Barcelona para garantizar a Pujol que habrá cesión del IRPF a partir de 1994 y expresarle que el Gobierno está impuesto a dar muestras de que cambiará su política autonómica. En los últimos días Pujol hacía aumentado su presión al Gobierno asegurando que Convergència i Unió (CiU) no apoyará los Presupuestos del Estado si no se produce la cesión y el Gobierno no cambia su política económica apoyando a las empresas.Según Saavedra, el Gobierno se ha trazado un calendario acelerado para sacar adelante la cesión del IRPF. La próxima semana el Ministerio de Economía explicará una nueva propuesta técnica sobre la cesión. Posteriormente, el Consejo de Ministros discutirá el 3 de septiembre el esbozo de los presupuestos. El 17, el Gobierno quiere aprobar el anteproyecto de Presupuestos con la cesión del IRPF incluida. El proyecto entrará en el Congreso el 30 de septiembre.
Economía dispone de una nueva propuesta técnica sobre la cesión que irá dando a conocer a todas las comunidades en los próximos días, pero el acuerdo definitivo para la cesión deberá tomarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, organismo en el que están representados el Gobierno y las autonomías. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya advirtió ayer tras el Consejo de Ministros que "si la unanimidad [entre las comunidades autónomas] no es posible, intentaremos que el acuerdo sea respaldado por amplia mayoría" que avale lo que recoja la ley de Presupuestos.
Saavedra reiteró una vez más que la cesión de un tramo de IRPF garantizará "la necesaria solidaridad interterritorial" para que ninguna comunidad se vea perjudicada.
Nuevo talante
Sobre su entrevista con Pujo dijo haber recibido una valoración pesimista sobre la política autonómica del Gobierno. "El nuevo Gabinete", añadió, "quiere hacer gestos de un nuevo talante". Y algunos, precisó, tendrán carácter "inmediato".Para dar muestras de este cambio, Saavedra dijo que el Gobierno estudiará completar los traspasos pendientes, mejorar el sistema de financiación de la Sanidad, potenciar la Junta de Seguridad de Cataluña, y abordar la discusión de una ley de organización de la Administración del Estado, en la que se abordara "el tema de los Gobiernos civiles", cuya desaparición reclama la Generalitat. Saavedra dijo que "en el próximo trimestre" será posible avanzar el contenido de esta ley. El Gobierno también está dispuesto a retirar algunos recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Parlamento catalán y completar algunos traspasos bloqueados.
Saavedra y Pujol también hablaron de las propuestas planteadas por CIU para dar apoyo a los presupuestos y dijo que el Gobierno está estudiando incluir en ellos "medidas que incentiven la inversión", en referencia a las propuestas que los nacionalistas catalanes han remitido al Gobierno. La base de la propuesta de CiU es reducir gastos para recortar el déficit, subir el tipo general de IVA, los combustibles, el tabaco y el alcohol para obtener 155.000 millones y destinarlos a apoyar a las empresas.
Las propuestas de CIU
Las medidas que propone CiU recogen sus tradicionales peticiones de que la política económica del Gobierno debe dar un giro utilizando los impuestos y las bonificaciones fiscales en los presupuestos. En concreto, los nacionalistas catalanes proponen subir un punto, del 15% al 16%, el tipo general de IVA, reducir paralelamente las cuotas empresariales a la Seguridad Social y subir los impuestos especiales (combustibles, tabaco y alcohol) un 10%. Estas medidas están recogidas en un documento remitido al Gobierno que publicó ayer La Vanguardia y cuya síntesis figura en el recuadro adjunto.Entre las medidas de apoyo a las empresas figuran la reducción, al 20% del tipo impositivo para los beneficios reinvertidos, la creación en las empresas de fondos libres de impuestos para pagar indemnizaciones y deducciones de hasta el 95% para las herencias de empresas familiares. También propone rebajar un 10% la tasa de matriculación de vehículos y que se vuelva a bonificar fiscalmente la creación de puestos de trabajo.
Estas propuestas ya figuraron en el programa electoral de CiU, aunque los nacionalistas las han cuantificado ahora para darles encaje en los Presupuestos. Algunas de ellas son viejas aspiraciones empresariales, como la subida del IVA para bajar cotizaciones sociales que reclama la patronal textil, o las deducciones a las sucesiones de empresas familiares, que defiende el Instituto de la Empresa Familiar.
CiU propone también la reducción de gasto público para ahorrar 350.000 millones de pesetas. Entre las propuestas para este objetivo figura la congelación de plantillas y salarios en la Administración y su simplificación. Una política de privatizaciones y el cierre o venta de las empresas públicas no viables serían, según el informe, medidas adecuadas para enjugar el déficit. Insiste en la bajada de la tarifa del IRPF y la reducción de la presión fiscal sobre los beneficios declarados por las pequeñas y medianas empresas acogidas al sistema de estimación objetiva. CiU mantiene la necesidad de una segunda regularización fiscal para destinar el dinero que aflore a reducir el déficit público.
Rodríguez Ibarra amenaza con recurrir a los tribunales
El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, mostró ayer una vez más su oposición radical a la cesión a las comunidades autónomas de un tramo del IRPF y amenazó con recurrir a los tribunales una decisión que, dijo, "sólo puede explicarse por el chantaje y la avidez de los nacionalistas". Acto seguido añadió: "Alguien tiene que pararles los pies". Este sistema de financiación autonómica, afirmó. el dirigente socialista extremeño en declaraciones a la cadena SER, únicamente potencia las desigualdades.Rodríguez Ibarra afirmó que la Junta de Extremadura se, opondrá jurídicamente porque "la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas prohíbe taxativamente la cesión de un impuesto tan importante". El presidente extremeño, que no precisó ante qué instancia jurídica reclamaría, afirmó que no aceptará la cesión ni siquiera con mecanismos compensatorios. "Si la diferencia entre regiones ricas y pobres ahora es de una proporción de tres a uno, mañana, con la cesión, será de cuatro o cinco a uno".
El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, se mostró en cambio partidario de la cesión, aunque reiteró que debe hacerse desde el respeto a la solidaridad para que no resulten perjudicadas las regiones más pobres. Leguina destacó que un 60% del IRPF es recaudado en Madrid y Cataluña sin que la compensación que reciben sea proporcional. Leguina indicó que antes de apelar a la solidaridad hay que analiza dónde se produce más fraude fiscal.
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