Matones ante el espejo

IDENTIFICADA LA víctima -corre, luego es culpable-, la masa de acoso la rodea y golpea, enardecida por su propia crueldad. Lo característico de los linchamientos es la unanimidad y la conciencia de impunidad. Unanimidad del grupo agresor, convertido en una única criatura con mil manos anónimas levantadas contra el designado como enemigo. Impunidad por la abrumadora superioridad del grupo frente a una víctima que sólo puede huir o perecer. La novedad consiste en que esta vez había una cámara, y la policía autónoma vasca ha puesto a los agresores ante el espejo. Que nadie se llame a engaño: son eso que se ve, una jauría ciega que se ensaña sin riesgo, y no lo que imaginan ser: valerosos gudaris enfrentados a un enemigo poderoso.La víctima es un miembro de la Ertzaintza. La posibilidad de creación de una policía vasca con plenas competencias fue siempre considerada, desde el nacionalismo, como la prueba de fuego de la sinceridad de cualquier proyecto de autonomía. Pero, para el despiste radical de ahora, es esa condición de reivindicación nacionalista realizada lo que convierte a la Ertzaintza en un enemigo doblemente peligroso: su existencia sugiere que la de ellos no es necesaria, y que es la suya una violencia sin objeto, vacía. Como la mente de quienes el domingo pasado aportaron su granito de arena a la liberación de Euskadi prendiendo fuego al Museo del Ferrocarril de Azpeitia.Tras mostrar el vídeo que recoge la agresión, el viceconsejero vasco de Interior ha llamado la atención sobre la desproporción que, a su juicio, existe entre lo que las imágenes revelan y las sanciones -multas no superiores a 20.000 pesetas- que los jueces imponen a los autores de tales desmanes cuando son puestos a su disposición. El mensaje subyacente es que los jueces tienen miedo cuando se trata de asuntos relacionados con el mundo del radicalismo violento. Durante años, en Euskadi ha existido una cierta tolerancia social con la violencia callejera protagonizada por los alevines de los terroristas profesionales. Siendo sus protagonistas, en general, personas muy jóvenes, a veces adolescentes, los jueces han tendido a evitar condenas que supongan estancia en prisión.Es un punto de vista discutible, pero defendible: la cárcel, a esa edad, puede favorecer que el recluso interiorice su situación como la de un profesional del terror, y como tal vuelva a la sociedad. El punto débil del planteamiento es que la frontera entre la violencia callejera juvenil justificada con argumentos políticos y el crimen terrorista se hace cada vez más difusa: unos adolescentes que se desfogaban tras una manifestación quemaron vivas a dos personas en la Casa del Pueblo de Portugalete. Los daños por los autobuses y trenes incendiados por estos aspirantes a héroes de tebeo han costado a los contribuyentes miles de millones de pesetas; dos policías autonómicos estuvieron a punto de morir abrasados a bordo de su coche patrulla, el pasado fin de semana, en Hernani, a consecuencia de los cócteles mólotov que lanzaron contra ellos unos desconocidos.

No sólo eso: documentos de KAS, el organismo que coordina todo el tinglado organizado en tomo a ETA, planteaban recientemente la conveniencia de realizar acciones violentas del tipo de las señaladas a fin de estimular "dinámicas de desestabilización de la calle". Tales acciones, realizadas por grupos informales de colaboradores de ETA, se multiplicaron a raíz de la debilidad del aparato terrorista que siguió a la detención de sus jefes en Bidart. Son factores que no pueden dejar de ser tomados en consideración por los jueces. Nada desmoralizaría tanto a una sociedad que por fin se ha enfrentado al matonismo de los amigos de ETA como la impresión de que los agresores siguen considerándose tan impunes como antes. Dicho sea con todas las garantías procesales que en éste, como en todos los casos, son exigibles.