Servicio civil

HAY UN sector de la ciudadanía que tiende a considerar el servicio militar como un impuesto especial aplicado por el Estado a los varones entre 18 y 30 años. Según esa teoría, los alistados aportarían su trabajo gratuitamente -a cambio de la manutención-, y la sociedad se vería perjudicada por la pérdida temporal de una parte de su fuerza de trabajo potencial. A diferencia de los impuestos directos, cuya legitimidad social va en aumento -a despecho de la moda ácrata-conservadora-, el servicio militar es cada vez más contestado por un sector de la sociedad. Resulta sintomático que la juventud actual, tan desideologizada, haya convertido el rechazo a la mili en una de sus señas de identidad.Este mes ha entrado en vigor el nuevo reglamento de reclutamiento y se ha decidido el pase a régimen abierto de los insumisos presos. El nuevo reglamento endurece los requisitos para librarse de la mili o aplazarla. El principio es que nadie que pueda desarrollar una actividad laboral debe quedar eximido del servicio. El régimen abierto aplicado a los insumisos viene a reconocer de forma implícita que no son delincuentes, aunque lo diga el Código Penal.

De otro lado, la intervención de militares españoles en Bosnia demuestra que las nuevas misiones asignadas a las Fuerzas Armadas requieren una tropa profesional, motivada, preparada y bien remunerada; no una milicia de aluvión, mal pertrechada y peor adiestrada. Pero la profesionalización del Ejército es un proceso lento y costoso -se espera llegar a un 50% de profesionales en el año 2000-, mientras que la crisis del servicio militar avanza a ritmo galopante.

La Constitución contempla tres posibilidades -el servicio militar, la prestación sustitutoria y el servicio civil-, de las que sólo las dos primeras se han desarrollado. Parte del fracaso de la prestación de los objetores cabe atribuirla a la filosofía que la inspira: la búsqueda de una prestación sustitutoria. Como si los incendios forestales de cada verano no fueran elocuentes sobre las carencias que tiene España en materia de protección civil; suficientes para ocupar a mucho más que los 40.000 objetores que serán reconocidos este año. Ni la defensa militar es la única defensa, ni la amenaza militar la única amenaza para una sociedad desarrollada. La ley del servicio civil, pendiente desde hace 15 años, es una ocasión para plantearse todas estas preguntas e intentar responderlas.