El Gobierno estudia endurecer la actualización de alquileres para familias con ingresos medios

El proyecto de ley de arrendamientos urbanos volverá a las Cortes con algunas modificaciones. Endurecer la actualización del precio del alquiler de viviendas para familias con ingresos superiores a cuatro millones de pesetas anuales, suavizar el régimen de rescisión de contratos para los pequeños comercios y agilizar los procesos judiciales son los grandes ejes de reforma sobre la que trabajan los ministerios de Obras Públicas, Justicia y Comercio. El Ejecutivo quiere remitir el nuevo proyecto al Congreso a finales de septiembre o principios de octubre.

Uno de los proyectos de ley que decayó con motivo del adelantamiento de las ultimas elecciones generales fue el de arrendamientos urbanos (LAU). Ese proyecto de ley fijaba en cuatro años el periodo mínimo de alquiler de una vivienda, reducía las subrogaciones y actualizaba las rentas congeladas.Respecto a los locales comerciales, señalaba un tope máximo de 16 años para que se extinguieran los contratos anteriores a 1985 (previos al Decreto Boyer) y una actualización de las rentas en cinco años.

La pretensión del Gobierno es que este esquema básico se respete, si bien fuentes de la Administración dan por segura la introducción de algunos cambios. Los dos ministerios proponentes -Obras Públicas y Justicia- están trabajando sobre diversas modificaciones, aunque desde ángulos distintos.

Los expertos de Obras Públicas están centrando sus propuestas en endurecer la actualización de las rentas de los alquileres de viviendas para familias con ingresos suficientes y en suavizar las condiciones para las pequeñas empresas.

La modificación en las viviendas con rentas congeladas pretende ser selectiva y dirigida a las familias cuyos ingresos anuales superen en cinco veces el salario mínimo interprofesional, algo más de cuatro millones de pesetas, tope que también podría establecerse en 4,5 veces el SMI -3,6 millones de pesetas-. A partir de ahí se diseñaría una tabla de actualización que sería más elevada cuanto más altos fueran los ingresos anuales del inquilino. Para el resto de las familias, la actualización se mantendría en función del IPC de cada año.

Otro de los cambios sobre los que trabaja el ministerio de José Borrell es el de suavizar las condiciones para las pymes, especialmente las que trabajan en el área comercial. La tesis que se maneja en estos momentos es la de redefinir qué se entiende por pequeña y mediana empresa. En un principio, el límite se establecería en 2.000 millones de pesetas de facturación anual y cinco trabajadores. Las empresas por debajo de ese tope recibirían un tratamiento especial alargando los plazos de actualización de rentas y de extinción de contratos. Ese plazo extra sería tres o cuatro años más largo.

Este diseño de cambio sobre los alquileres de los locales comerciales deberá pasar también por las consideraciones del Ministerio de Comercio y Turismo. El departamento que encabeza Javier Gómez Navarro está diseñando medidas que están muy en contacto con cualquier nueva legislación sobre alquileres, como la Ley de Comercio o el plan de reactivación de las pymes. De hecho, ya se han producido los primeros contactos técnicos entre Comercio y Obras Públicas.

Justicia también está participando directamente en estas primeras tomas de contacto, aunque todavía está en fase de recopilación puesto que el nuevo ministro, Juan Alberto Belloch, ha renovado el equipo que trabajó sobre el anterior proyecto de ley. De cualquier forma, fuentes ministeriales manifestaron que existe el propósito de retocar algunos aspectos en todo el proceso legal que rodea a los desahucios, con el fin de agilizarlos.

Tramitación rápida

La mayor parte de las modificaciones que se están barajando ya estaban contempladas en las enmiendas del grupo socialista al proyecto de ley que estaba empezando a tramitarse en la anterior legislatura. Además, en este nuevo paquete, especialmente en lo referente a las pymes, se observa cierta sintonía con las ideas de Convergència i Unió (CiU). El apoyo de los nacionalistas se ha convertido en imprescindible en esta nueva legislatura.En cuanto al calendario de ejecución, la intención es que sea lo más rápido y breve posible ya que "el presidente del Gobierno dijo en el Congreso que este proyecto de ley es prioritario", señalan en la Administración. Los cálculos apuntan a que los contactos interministerales se desarrollarán en los primeros días de septiembre, para que sea aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes a finales de ese mismo mes o principios de octubre.