La Ertzaintza llevaba 17 meses tras los pasos de los chantajistas

La policía autonómica vasca llevaba 17 meses tras la pista de los extorsionadores de ETA. El primer hilo que condujo a este ovillo fue la operación en la que se desmanteló, el 31 de enero de 1992, una red de cobro del llamado impuesto revolucionario.En aquella acción policial, denominada Operación Easo y desarrollada en Guipúzcoa y Navarra, fueron detenidos Juan Manuel Idarraga y José Carlos Apezteguía, empleados de los periódicos Egin y Egunkaria; el miembro del sindicato LAB -afín a Herri Batasuna- en Rentería (Guipúzcoa), Jon Andoni Solagureneaskoa, y el abogado Álvaro Reizabal, ex miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y ex diputado autonómico de esta coalición.

El chantaje, conocido como impuesto revolucionario, había sido, junto con los secuestros de empresarios, la principal fuente de financiación de ETA. La presión policial en Francia acabó a finales de los ochenta con la impunidad con que se cobraba el chantaje y obligó a desplazar las operaciones a España.

La actuación policial, iniciada por la Ertzaintza 17 meses antes, si bien la pista concreta de la red desarticulada ayer comenzó exactamente hace medio año, fue para el consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, una prueba evidente de que la "mafia vasca" tenía dos -brazos: ETA y la Mesa Nacional de Herri Batasuna y su entorno. Juan María Atutxa compareció entonces ante la Comisión de Interior del Parlamento vasco y presentó un vídeo con las imágenes de distintos momentos de la extorsión.

Pequeños empresarios

La red consiguió extorsionar a cerca de una veintena de pequeños empresarios que pagaron unos 200 millones de pesetas.La banda exigía normalmente entre 10 y 30 millones de pesetas, aunque los empresarios conseguían rebajar a entre 3 y 15 millones. La mayoría de los empresarios cedió al chantaje, pero aIgunos se negaron a pagar. Las declara ciones posteriores de dos de los empresarios extorsiona dos implicaron, días más tarde, al abogado y senador de HB áigo Iruin. El letrado está acusado de gestionar y mediar en -el pago del impuesto revolucionario.

Los cuatro detenidos fueron condenados, en mayo de 1993, a diversas penas. Álvaro Reizabal, a tres años de cárcel por mediar en el cobro del impuesto; la pena para José Carlos Apezteguía y Juan Manuel Idarraga fue de 40 y 35 años, respectivamente, por delitos de pertenencia a banda armada más 12 delitos de amenazas. Por último, Jon Andoni Solagureneaskoa, fue condenado a 6 años por colaboración con ETA.