80 familias se rebelan contra su expulsión de un camping de Arganda, donde acampan todos los veranos

Casi dos años de pleitos llevan los propietarios de un cámping de Arganda del Rey (27.000 habitantes) y parte de las casi 160 familias que tienen allí su segunda residencia en una caravana durante las vacaciones.La historia tiene dos versiones, según las partes. Francisco Cano, presidente de la Asociación de Campistas de Arganda y portavoz de las 80 familias rebeldes -unas 70, según los duefios-, afirma que todo se debe a la decisión de los propietarios de incrementar en un 40% el alquiler mensual de las parcelas. Hasta entonces, argumenta, el arrendamiento sólo aumentaba según el coste de la vida.

Para Encarnación Martín y José Luis García-Otero, dueños y directores del cámping de segunda categoría Arganda, su recinto -de unos 35.000 metros cuadrados- se rige por una normativa propia, de 1977, que les autoriza a modificar libremente los alquileres mientras no superen las tarifas oficiales. Pero aun hay más: García-Otero señala también que muchos de los "insurrectos" -como él los denomina- sólo pretenden convertirse en inquilinos -(algunos llevan casi 20 años acudiendo allí) y tienen además mensualidades pendientes de pago.

Puesto el caso en manos de la justicia, las resoluciones (una sentencia de 15 de febrero de este año y tres autos de 21 de mayo, 22 de junio y 22 de julio, respectivamente) dan la razón, por ahora, a los dueños.

Las familias afectadas, según Francisco Cano, aseguran que sufren "indefensión". Denuncian también destrucciones de casetas, retiradas de caravanas y desapariciones de objetos (televisores, mesas, neveras ...). Los dueños niegan tales acusaciones, que no pudieron ser confirmadas en una visita que EL PAÍS hizo ayer al lugar, y responden a su vez con denuncias de agresiones y amenazas por parte de miembros de la asociación.