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Querellas por poderes

Los socios de Pinto Fontán se enfrentan a acusaciones de estafa mientras que él sólo declara como testigo

Figurar como socio o gerente en las empresas del grupo de José Luis Gómez Pinto (apellidado Pinto Fontán hasta 1987) ha llevado al menos a tres de sus hombres de confianza a los tribunales. Y un agente de cambio y bolsa también se ha visto implicado en uno de los tres procesos por estafa a los que se enfrentan sus socios. En cambio, el promotor de la urbanización fantasma de Nuevo Versalles (Fuenlabrada) sólo ha sido citado para declarar como testigo en uno de los sumarios.

Uno de los hombres que figuran en. las empresas de Pinto Fontán, Amando de la Cruz Tomé, se enfrenta desde 1989 a una querella por estafa. En el mismo proceso está implicado también como acusado un agente de cambio y bolsa, José Luis Usera Cano.Las otras dos querellas a las que se enfrentan sus colaboradores son más recientes. Una de ellas se debe a deudas con proveedores y la otra se produjo a raíz de la venta de pisos en la urbanización Las Terrazas de Aravaca (véase EL PAÍS del 9 de julio).

El motivo de la querella más antigua es una supuesta irregularidad en la venta de acciones de la empresa Hidrarcos a Quota (empresa vinculada a Pinto Fontán).

El papel-póliza que recoge la venta de dichos títulos salió de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tres meses después de la fecha que figura en ese mismo documento. En el texto se lee que la venta se realizó el 9 de diciembre de 1986, pero el papel timbrado que lo recoge no salió de la imprenta hasta febrero de 1987, según consta en un certificado emitido por la institución que lo imprimió. Por tanto, nunca se pudo rellenar en esa fecha.

Esta divergencia responde a una supuesta maniobra de la empresa compradora de las acciones (Quota, del grupo Pinto Fontán) para hacerse con el control de la constructora Hidrarcos. También explica que el importe de la operación -1,5 millones de pesetas según la acusación, mientras que en la póliza figuran ocho millones- se haya modificado.

Firmar en blanco

Según los querellantes, Pinto Fontán convenció a uno de los dueños de Hidrarcos para que firmase vendís (documentos de venta de acciones) en blanco. En el acto de firma de la transacción -el 4 de abril de 1986- estaba presente Gómez Pinto, pero no el agente de bolsa -al que sustituyó un empleado- ni los representantes de Quota, la empresa compradora. Esa es la razón por la que el denunciante, confiando en sus interlocutores, estampó su firma en un documento vacío, para que las restantes partes lo rellenaran más tarde.El vendedor se echó atrás tiempo después y pidió a Pinto que se destruyera el documento que había firmado en blanco, a lo que el constructor accedió. El vendedor se dirige después al agente de cambio -el 23 de diciembre de 1986- para comprobar la anulación del contrato, y éste le responde que no lo tenía registrado porque, efectivamente, había sido destruido.

Un año y medio después, Amando de la Cruz Tomé convoca una junta extraordinaria de la sociedad Hidrarcos a fin de revocar los poderes de los anteriores administradores y demostrar que él es el nuevo dueño. Para certificarlo, exhibe los documentos que supuestamente habían sido destruidos, junto con el papel-póliza de fecha presuntamente falseada (utilizado para avalar el vendí). Esa junta extraordinaria acuerda pagar al ya ex dueño de la empresa 20 millones de pesetas que había aportado anteriormente a la sociedad de su bolsillo. Un dinero que el querellante todavía no ha cobrado, como tampoco vio un duro de la venta de sus acciones. Esos 20 millones los reclama ahora por daños y perjuicios.

José Luis Gómez Pinto fue llamado a declarar en varias ocasiones por el juez que lleva este caso, pero no se presentó. Cuando finalmente acude al juzgado, el 26 de marzo pasado, afirma que conoce a todas las personas que constan en el escrito de la querella y que se limitó "a poner en contacto a unos con otros".

Pinto Fontán controla una maraña de empresas en las que no figura oficialmente. Ni siquiera su domicilio está a su nombre, puesto que consta como propiedad de Industrias de Boadilla, una sociedad cuya administradora única es su esposa, Josefina Talavera.

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