26 concesiones de FM anuladas por el Tribunal Superior de Galicia

La concesión de 26 emisoras de FM realizada por la Xunta de Galicia a finales de 1989 ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG). La sentencia señala que el proceso de adjudicación de las emisoras, que había. sido polémico en su día, deberá empezar de nuevo desde el momento de examinar las 650 solicitudes que se habían presentado.La decisión de la Sala de lo Contencioso del tribunal gallego estima un recurso presentado en su día por la empresa editora del diario Faro de Vigo, basado en que no se, había constituido la preceptiva, mesa de contratación para evaluar las solicitudes. El texto del fallo judicial reconoce la potestad discrecional de la Xunta para hacer el reparto de concesiones, pero señala que la inexistencia de la mesa de contratación "no es un mero defecto formal, puesto que su misión es la de proporcionar los elementos de apreciación en la que se fundamenta la selección de beneficiarios".

La adjudicación de las 26 emisoras había resultado polémica ya por la fecha en que se efectuó, el 16 de diciembre de 1989, último día de gobierno del Ejecutivo que presidía el socialista González Laxe. Asimismo, había levantado recelos la composición empresarial de los adjudicatarios (salvo el caso de dos concesiones a proyectos educativos o culturales).

La mayoría a Onda Cero

Siete cadenas de radio y empresas periodísticas habían recibido en conjunto 11 emisoras (sólo dos de ellas en ciudades), mientras otras siete empresas solicitantes creadas ex Profeso por particulares -en general, profesionales de medios de comunicación- recibieron 12 emisoras (cuatro en capitales de provincia o ciudades). Ninguna de las de este último grupo está gestionada en la actualidad por sus concesionarios, y en su mayoría han sido vendidas o están asociadas a Onda Cero.Contra esta decisión del TSJG cabe presentar un recurso de casación ante el Supremo en un plazo de 10 días. En su habitual comparecencia ante los medios de comunicación al final del consello de la Xunta, Manuel Fraga indicó que la Administración autonómica será "neutral" en el tema y no se personará como parte interesada.