La 'cohabitación' política ha durado 24 horas

El Ayuntamiento del PP y la Comunidad socialista están abocados a batallar, por encima de los gestos de buena voluntad. La inusual reunión del martes, que sentó a tres consejeros y cuatro concejales "para ponerse de acuerdo", inauguró una cohabitación política que sólo ha durado 24 horas. El "juntos se camina mejor" que declaró el alcalde y respaldó el presidente regional no ha evitado que ambas instituciones vuelvan enseguida a tirarse piedras. Ayer, la Comunidad amenazó con bloquear los planes de vivienda del PP y el gobierno municipal aplazó la construcción de la nueva sede de la Asamblea.

Ayuntamiento y Comunidad no logran plasmar en hechos la voluntad de colaboración que de vez en cuando pregonan sus responsables. Los repetidos intentos de cohabitación entre dos instituciones de distinto signo van de fracaso en fracaso. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, proclamó el viernes que él y Joaquín Leguina, presidente regional, habían pensado tras las elecciones que ya había llegado el momento de mejorar las relaciones. El martes decidieron trasladar sus contenciosos a mesas de negociación, pero ayer todo se hizo añicos.La Comunidad interpreta como una puñalada en la espalda la aprobación en el pleno de ayer del gran ensanche de la ciudad: los seis nuevos barrios de Fuencarral, Hortaleza, Carabanchel y Vallecas, con 70.450 viviendas (45.400 de ellas con algún tipo de protección oficial), ampliables a 80.000. La Comunidad quería negociar con el gobierno municipal los detalles de la construcción de una ciudad donde cabrían tantos habitantes como en Alicante (250.000) antes de tener que ejercer sus competencias urbanísticas.

"Ha sido una decepción: el consejero de Política Territorial [José María Rodríguez Colorado] planteó una oferta razonable para propiciar, antes de la revisión del Plan General, la creación de suelo destinado a vivienda social", recordó ayer el director regional de Planificación Urbanística, José María Ezquiaga.

La Comunidad estaba dispuesta a autorizar tres de los seis nuevos barrios: Las Tablas (Fuencari-al), Sanchinarro (Hortaleza) y Carabanchel, con viviendas de protección oficial, precio tasado y precio libre -10.000 para cada categoría-, y otros 5.000 pisos de alquiler para jóvenes, que construiría el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).

El Ayuntamiento, incluso, había rebajado algunas de sus previsiones (llegó a recortar su programa a 54.000 viviendas) para que sus cifras y las de la Comunidad empezaran a casar por algún lado. "Cuando parecía que se había llegado a un consenso, nos encontramos con esta sorpresa", argumentaba ayer Ezquiaga. "La aprobación de la propuesta en el pleno sin ninguna modificación nos ha puesto entre la espada y la pared: sí a todo o no a todo". Y será no. Política Territorial ya ha anunciado que no va a dar el visto bueno al plan municipal de vivienda.

El concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría, se ha planteado la batalla con la Comunidad como una cuestión de principios. El PP quiere reivindicar la asunción "sin interferencias" de las competencias municipales y, en caso de diálogo, ha cerlo "en planos de igualdad". El concejal, no obstante, duda de las buenas intenciones de la Comunidad: "Están intentando hacer lo de siempre, apuntarse tantos en cuestiones en las que no han colaborado. La Comunidad debería estar financiando viviendas, que es su obligación, y respetar las competencias de los ayuntamientos".

Mientras tanto, el PP conserva una bala en la recámara. El Ayuntamiento debe aprobar la modificación del Plan General que permita construir la Asamblea de Madrid en la actual maternidad del hospital Gregorio Marañón, junto a la calle de O'Donnell. La Comunidad también se alarmó ayer al comprobar- que el pleno municipal no trató ese asunto.

Echeverría aseguró que el proyecto se había recibido pocos días antes del pleno. "No ha habido tiempo de estudiarlo y ahora tengo otras prioridades. En agosto debo acuparme de otros problemas de Madrid. Así que quizá en septiembre", explicó el concejal.

"La nueva sede de la Asamblea es un asunto institucional, con el respaldo de todos los grupos políticos, incluido el PP", comentaba ayer un alto cargo regional. "No se acaba de entender la postura del Ayuntamiento al adoptar una decisión política sobre una cuestión institucional, y que, por lo tanto, no es negociable".