Un juez actúa contra el Banco Agrícola por presionar a 40 trabajadores

El magistrado Ramón Sáez Valcárcel, juez de instrucción número 38 de Madrid, ha apreciado en seis directivos del Banco de Crédito Agrícola indicios de que sean autores de un delito contra la Administración de Justicia, otro contra los derechos de los trabajadores y otro de represalias al demandante. El juez ha iniciado procedimiento abreviado contra tales directivos, por presionar a 40 trabajadores para que abandonasen una demanda y por represaliar a quienes continuaron con la misma.El caso se inició el 17 de diciembre de 1992, cuando el sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT) presentó una querella contra varios directivos de la mencionada entidad por un delito contra la libertad y seguridad en el trabajo. El juez Sáez escuchó a los querellados, investigó los hechos y, solicitó informes a la inspección de Trabajo.

La investigación ha permitido averiguar que en octubre de 1992, 40 empleados del banco reclamaron las diferencias salariales entre las cantidades percibidas de la empresa y las que les correspondían como consecuencia de la anulación judicial de una cláusula de un convenio colectivo interprovincial (le 1987, 1988 y 1989, por considerar el juez de lo social que discriminaba a los trabajadores eventuales y temporales. Para abordar las reclamaciones se reunieron Manuel Lorente Martínez, director general del banco; Manuel Oños Caro, subdirector general; Celso Rodríguez Suárez, jefe de personal, y José Carlos Bragado Alfageme, director de recursos humanos.

La cúpula directiva del banco decidió "citar personalmente" a cada demandante para lograr "que desistieran de sus pretensiones". Así se hizo el 13 de noviembre con 17 de los demandantes, mediante entrevistas individuales y sin testigos. El juez detalla que los directivos mostraron su descontento con los demandantes, les recordaron los préstamos privilegiados concedidos y la posibilidad de abandonar el banco.

24 empleados desistieron

"La convocatoria inquietó a todo el colectivo de trabajadores afectados", relata el juez, quien señala que días después 24 trabajadores desistieron y 16 "resistieron las presiones del banco y continuaron con su acción judicial". En ese ambiente de tensión, el 11 de febrero, víspera del juicio laboral, Luis Matute Butragueño, jefe del área técnica del banco, convocó a tres de los demandantes que dependían de él, y Enrique Dorado, subdirector general de sucursales, convocó a otra demandante. Ambos ejecutivos trataron de convencer a esas personas para que desistieran de su acción judicial y les advirtieron que, de lo contrario, el banco tomaría medidas contra ellos.El 15 de abril de 1993, el juez de lo Social estimó parcialmente la demanda de los 16 empleados y condenó a la empresa. La cúpula del banco creó "un destino donde enviar a trabajadores conflictivos", en un edificio "prácticamente abandonado", en el que se dedicó a tareas de archivo a titulados cualificados y técnicos de distinto nivel.

El juez considera, en principio, aplicable el artículo 325 bis del Código Penal, que castiga con penas de hasta seis años de cárcel al que "con violencia o intimidación intentare que un denunciante o parte (...) se retracte de su denuncia, o desista de la acción".