Problemas seniles

El caso de Melchora Huetes, con el cuerpo plagado de llagas durante meses sin que sus familiares tuvieran noticia, no es sino el último ejemplo, por ahora, de la cadena de desgraciados episodios que tienen como protagonistas a ancianos internados en residencias. En Madrid, un juez condenó el pasado abril a cinco trabajadoras de una residencia de Alcalá de Henares por forzar a dos internos a mantener relaciones sexuales. Hace más de un año, en un centro de Carabanchel, una anciana murió de una enfermedad que se creía extinguida, la tuberculosis. Estos casos son sólo reflejo del problema de fondo: de las 600.000 personas de más de 65 años que viven en Madrid, unas 12.000 están ingresadas en residencias. Un total de 5.273 plazas las ofrecen establecimientos privados (sin contar las más de 3.000 plazas piratas que se calculan), a cambio de cobrar entre 100.000 y 200.000 pesetas, difíciles de sufragar para muchas familias. Y sin que exista, en muchos casos, garantía de atención adecuada. Pero más de 4.000 ancianos lo tienen aún peor: están en lista de espera.