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Tres familias están en la calle tras su desalojo por ruina en Vallecas

Cinco adultos y cinco niños no saben dónde dormirána a partir de ahora. El Ayuntamiento les desalojó ayer por ruina inminente de la casa que ocupaban desde hace cinco años, en el número 12 de la calle de San Florencio, en Puente de Vallecas. La presidenta del distrito, Elena Utrilla, se niega a darles alternativas "porque no llevan a sus hijos a la escuela". Sólo propone internar a los pequeños en un centro de acogida.

Eran un poema las caras de los desalojados, entre ellos una mujer embarazada y otra con invalidez laboral permanente -que sufrió un desmayo del disgusto-, mientras depositaban sus enseres, en el camión de mudanzas. Durante un lustro han vivido sin agua corriente y sin retrete. El pasado 27 de mayo la junta de distrito hizo una primera intentona de echarles. Pero se negaron. Ayer la expulsión se ejecutó por orden judicial.Algunos familiares repetían sin cesar: "No piden un piso, sólo un prefabricado o alguna caseta vieja". Todos habitaron antes en el desaparecido poblado chabolista del Rancho del Cordobés, en Usera. Sus parientes -algunos viven en pisos sociales- aseguran que no tienen espacio para acogerles. Ayer estaban dispuestos a pasar la noche junto a las puertas de la Junta municipal.

La concejal afirma que se les ha ofrecido la posibilidad de pasar unas noches en un hostal. "Pero lo han rechazado, sólo quieren un piso", afirma. María Roces, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), niega esta versión: "Es ella la que se ha negado en rotundo a facilitarles un hospedaje".

Separada y con 4 niños

Utrilla reprocha a las dos familias con niños -una mujer separada, vendedora ambulante, con cuatro chavales entre los 18 y los 6 años, y otra pareja con un pequeño- "que no se preocuparan de su escolarización"."A la madre con cuatro hijos le han retirado hasta el salario social porque no los llevaba a la escuela; a los otros intentamos gestionarles una guardería y ni se molestaron en venir", explica la edil. "Estamos para facilitar un hostal en casos de urgencia, pero aquí estaban avisados con tiempo", concluye. El Ayuntamiento abrió en 1991 un expediente de ruina. En dos revisiones posteriores los técnicos comprobaron que el estado de la finca empeoraba y plantearon el desalojo urgente.

El consistorio debía obligar a la propiedad a reparar o hacerlo él mismo. La casa no tiene dueños y el departamento municipal de Protección a la Edificación consideró que no merecía la pena reformarla. Ayer comenzó su demolición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de julio de 1993

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