Los parlamentarios tienen que pedir autorización para actividades privadas

Los diputados y senadores han quedado sujetos, desde el inicio de la legislatura actual, a un régimen de incompatibilidades estricto que les prohíbe el desempeño de "cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o de cualquier otra forma". Fuentes parlamentarias estiman que a partir de este dato la polémica suscita a por a propuesta de los socialistas de Castilla-La Mancha, en el sentido de establecer un régimen de incompatibilidades absoluto es, en cierto modo, un debate en falso.La reforma de la ley orgánica del Régimen Electoral General de marzo de 1991 estableció en sus disposiciones transitorias que en la siguiente legislatura, a su entrada en vigor, serían de aplicación los preceptos de incompatibilidad absoluta, tanto para actividades públicas como privadas, para diputados y senadores.

La ley dedica los artículos 155 a 161 a establecer un régimen minucioso de incompatibilidades y, por lo que respecta a las actividades privadas, se estipula que en la legislatura que acaba de iniciarse será necesario pedir autorización expresa a la comisión correspondiente del Congreso y del Senado. La comisión del diputado del Congreso, que estudia estos asuntos, no se ha formado todavía y, en consecuencia, se ignora cuál será el criterio que adopte.

La polémica se ha suscitado a raíz de las actuaciones como abogado del diputado y secretario general del grupo socialista, José María Mohedano. El presidente del grupo, Carlos Solchaga, mantuvo ayer su postura de silencio respecto a la situación creada en torno a Mohedano.

Incompatibilidad absoluta

Los socialistas de Castilla-La Mancha anunciaron el pasado sábado que propondrían un régimen de incompatibilidad absoluta entre el cargo de diputado o senador y el ejercicio profesional de cualquier otra actividad privada.

Fuentes del Congreso aseguraron ayer que resulta muy dificil pensar en dar "otra vuelta de tuerca" al régimen de incompatibilidades tras haber entrado en vigor las disposiciones de la Ley Electoral General.

Loyola de Palacio, diputada y portavoz adjunta del PP, aseguró ayer que el PSOE utiliza "la técnica del calamar" ya que "cuando un diputado socialista actúa profesionalmente, de manera discutible, desde el punto de vista ético que exige la condición de parlamentario, es cuando el PSOE intenta proponer incompatibilidades radicales para todo el mundo".

Iñaki Anasagasti, del PNV, se mostró partidario de endurecer todavía más el régimen de incompatibilidades y en la misma dirección se manifestó el diputado Antonio Romero, de Izquierda Unida, y Joan López de Lerma, de CiU.