El recorte del gasto social abre la polémica entre patronal y sindicatos sobre el contenido del pacto

El anuncio de un recorte del gasto social como medida para contener el déficit público desató ayer la polémica entre los interlocutores sociales sobre la conveniencia de tal medida y, sobre todo, sobre su impacto en la negociación de un pacto social para favorecer el empleo. El vicepresidente de la patronal CEOE, Arturo Gil, afirmó que recortar el gasto es necesario porque "está desbocado", pero que es potestad del Gobierno y del Parlamento decidir en qué partidas. Añadió que el ajuste no debe formar parte del pacto social. Desde Comisiones Obreras, mientras, Antonio Gutiérrez calificó cualquier ajuste en el gasto social de "irresponsable" y afirmó que sería una "losa en la negociación" del pacto.

La posibilidad —avanzada el viernes por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza— de que el ajuste presupuestario incluya un recorte en los gastos sociales recibió ayer una encontrada respuesta por parte de los interlocutores sociales. Los sindicatos consideran que un anuncio de este tipo va en contra del clima necesario para iniciar las conversaciones del pacto social. La patronal, a cambio, defiende que deben ser el Gobierno y el Parlamento quienes decidan cómo reducir el gasto público, y que, en todo caso, tal decisión no tiene por qué influir en las negociaciones del pacto social.

Arturo Gil, desde los cursos de verano de El Escorial, y Antonio Gutiérrez, desde la escuela sindical de verano de Alcalá de Henares, ofrecieron ayer sus primeras diferencias sobre el contenido y el alcance del pacto social que el Gobierno quiere negociar son los interlocutores sociales para frenar la destrucción de empleo.

El anuncio de que el ajuste presupuestario puede incluir recortes en el gasto social fue calificado de "irresponsable" por el secretario general de Comisiones Obreras, informa Javier Barrio. Antonio Gutiérrez aseguró que un recorte en el gasto social es "lo contrario" de lo que les comunicó el presidente del Gobierno durante la entrevista que mantuvieron con él los líderes de las dos centrales mayoritarias, un mes después de las elecciones. El sindicalista añadió que "estas contradicciones son una mala forma de granjearse credibilidades de cara a la negociación del pacto social".

En opinión de Gutiérrez, el vínculo entre el recorte del gasto social y el logro de un pacto social es tal que, de producirse el ajuste, éste "sería una losa en la negociación del pacto y una primera frustración en la sociedad".

Gasto "desbocado"

La patronal CEOE mantiene una opinión exactamente opuesta en esta materia. Su vicepresidente primero, Arturo Gil, afirmó ayer en El Escorial que no cree "que los gastos sociales tengan que ser objeto de debate en unas futuras negociaciones entre sindicatos, CEOE y Gobierno". Lo que sí está claro, según Arturo Gil, "y en lo que coinciden todos los analistas económicos, es que el gasto público en España está desbocado y que hay que poner freno al déficit porque está atenazando a la economía española".

La patronal considera que "hay muchas formas" de recortar el gasto y el déficit, y elegir entre ellas es una "opción política que deben decidir el Gobierno y el Parlamento, que son los que han recibido el respaldo de los ciudadanos en las elecciones". El pacto social, en opinión de la CEOE, "no debe intentar cambiar ni coartar la autonomía del Parlamento"; tampoco debe "reconocer derechos de veto" sobre "quien tiene la responsabilidad de gestionar la economía", que no es otro que el Gobierno según la patronal.

Las fuerzas parlamentarias también ofrecieron ayer su opinión sobre la posibilidad de un recorte en el gasto social. Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, afirmó ayer en Bruselas que la protección social es una "seña de identidad europea", informa Lluís Bassets. A su juicio, "no se acaba con una crisis económica provocando una crisis social". Por ello, añadió, "tenemos que ser capaces de compatibilizar la crisis económica con la resolución del problema del empleo y manteniendo las prestaciones sociales, que son una de las señas de identidad conseguidas por Europa después de la II Guerra Mundial".

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, confirmó que su departamento tendrá un recorte de gasto en el presupuesto de 1994.

Reacción parlamentaria

El portavoz del grupo vasco en el Congreso, Iñaki Anasagasti, también se mostró contrario al recorte de los gastos sociales "imprescindibles", y que son, a su juicio, "todos aquellos que tengan relación con las pensiones, con gastos médicos y con el salario social de gente que está en extrema pobreza".

Las declaraciones de Zabalza tampoco recibieron en apoyo de los nacionalistas catalanes. El presidente de Unió Democrática de Catalunya (que integra, con Convergéncia, CiU), Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó ayer que el Estado "tiene otras vías antes de afectar a contraprestaciones como el seguro de desempleo o las pensiones". Duran defendió una "reducción de la presencia del Estado en el sector público o eliminar subsidios electoralistas".

Aún más drástico en su rechazo fue el responsable del área económica de Izquierda Unida, Salvador Jové, quien cree que no habrá margen de maniobra para negociar el pacto social si se confirma el recorte del gasto social que avanzó el viernes Antonio Zabalza.

Incluso la diputada del PP Loyola de Palacio criticó el recorte de los gastos sociales, y pidió "recortar el despilfarro y luchar contra el fraude".