La Audiencia de Lérida impone 170 millones de multa por delito fiscal a un empresario que regularizó su deuda

La Audiencia Provincial de Lérida condenó ayer a seis meses y un día de prisión y a pagar 170 millones de pesetas por delito fiscal al empresario Florencio Solans Sangrá, a pesar de que éste se había acogido a la regularización fiscal y había adquirido 600 millones de pesetas de deuda especial en 1991, informa Efe desde Lérida.Solans, consejero delegado de la empresa Piensos Gatnau, había sido denunciado por Hacienda antes de acogerse a la regularización, con lo que la Audiencia leridana ha seguido la doctrina dictada por la Audiencia Nacional al revocar un auto del juez Miguel Moreiras sobre el caso de las facturas falsas de IVA. Este auto (ver EL PAÍS de 5 y 6 de julio pasados) sostiene que la regularización se puede considerar un atenuante, pero no un eximente del delito fiscal cuando es posterior a la denuncia de Hacienda.

Florencio Solans había sido absuelto de delito fiscal y condenado por delito contable por la juez titular del Juzgado Penal número 1 de Lérida, pero el fiscal de la Audiencia leridana recurrió la sentencia. Ahora la Audiencia ha dado la vuelta a la sentencia al condenarle por delito fiscal y absolverle del delito contable. El abogado de Solans, Juan Córdoba, confirmó los términos de la sentencia de modo oficioso pero no quiso hacer mayores comentarios "porque aún no la he visto", aunque destacó que se había rebajado la solicitud fiscal de cuatro años de prisión a seis meses y un día.

70.000 afectados

En la situación del empresario ahora condenado se encuentran cerca de 70.000 contribuyentes, según explicó ayer el director del Foro de Abogados Tributaristas, José Manuel Díaz Arias, quien opinó que la única solución posible es que el Gobierno apruebe la figura de la "excusa absolutoria" en el Código penal, para que el juez exima de delito a quienes ya están a bien con Hacienda. El magistrado del Tribunal Constitucional Rafael Mendizábal, que intervino en el mismo foro, consideró "correcto" el auto de la Audiencia Nacional que ha desatado la polémica.Entre los contribuyentes afectados están los cerca de 40.000 tomadores de cesiones de crédito del Banco Santander, de los que se regularizaron el 97%, así como quienes hayan declarado un precio más bajo del real en las compraventas de sus inmuebles. Todo ello siempre que la regularización haya sido posterior al inicio de la investigación de Hacienda.