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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ingresos y gastos

LOS SOCIALISTAS han reconocido tener una deuda acumulada de 12.000 millones de pesetas. El dato fue comunicado con ocasión de la presentación ante el Tribunal de Cuentas de las correspondientes a 1992. La leve satisfacción con que el responsable de finanzas del PSOE hizo saber que ese ejercicio se había cerrado con un superávit de 1.360 millones de pesetas quedó anegada en la zozobra de la enormidad de la deuda, de la que unos 4.000 millones corresponden a intereses vencidos. Cómo piensa el PSOE pagar esa cantidad es un misterio tan insondable que tal vez la divulgación de las cifras tenga por objeto ir preparando a la opinión pública para una condonación más o menos implícita y pactada entre la banca, la Administración y los partidos. Todos los partidos, porque, a la vista de tales cifras, resulta perfectamente verosímil la de 30.000 millones de deuda del conjunto de las formaciones políticas, adelantada por fuentes bancarias hace meses. Y, si a lo que se sabe se añade lo que se sospecha, habría que incluir además los miles de millones perdonados a partidos que cambiaron de nombre, a otros que se extinguieron tras haber sido poderosos o a alguno que apenas si llegó a nacer (aunque la fallida operación de lanzamiento en unas elecciones costó más de 5.000 millones).Que el PSOE haya hecho públicas sus cuentas tiene el mérito de la novedad: ninguno de los grandes ha hecho otro tanto pese a la unanimidad con que todos dijeron en la reciente campaña que la transparencia era la condición de una financiación limpia. Por lo demás, los principales entre ellos incluyeron diversas propuestas de reforma del sistema de financiación. Tanto el PSOE como el PP, aunque con diferente acento, admiten ahora la compatibilidad de la financiacion privada con la pública. En realidad, ambas reformas se contemplan en la ley de 1987, pero la primera está sometida a limitaciones bastante estrictas: las mismas que se intentaron burlar con tramas como la de Filesa, etcétera. El PP propone eliminar parte de esas trabas y, por el contrario, limitar la financiación pública a un máximo del 60% de los presupuestos de cada partido. El PSOE, por el contrario, propone mantener igual la financiación pública y eliminar de la privada las donaciones anónimas -admitidas ahora con algunas cortapisas- y las de sociedades mercantiles. Es decir, el PSOE admite donaciones privadas con criterios amplios, pero siempre que provengan de personas particulares, y no de empresas.

La verdad es que todos los sistemas ensayados en otros países han acabado demostrando debilidades. Hasta los británicos, a menudo citados como ejemplo en esta materia, tienen basura bajo la alfombra, según acaba de poner de relieve el escándalo de las donaciones encubiertas al Partido Conservador. Y, pese a los elogios que suscita en algunos, es dificil que en Europa pueda arraigar un sistema como el de EE UU, en el que prácticamente es posible adquirir el cargo de embajador mediante una donación suficientemente convincente. En fin, tal vez lo más paradójico sea que los tres países -Francia, España e Italia- con un sistema más completo de financiación pública (a las elecciones, a los grupos parlamentarios y a los partidos en cuanto tales) hayan resultado los más sacudidos por escándalos relacionados con la búsqueda de vías paralelas e irregulares de financiación.

Mientras se da con el sistema óptimo, lo único seguro es que los partidos gastan por encima de sus recursos, que la ley (y los bancos) no se muestra con ellos tan exigente como con los particulares, y que sus finanzas son el reino de las tinieblas. Una medida que combatiría simultáneamente ese triple desastre sería que los partidos no sólo tuvieran que presentar sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas o cualquier otra institución, sino ante la opinión pública. Pero no sólo las cuentas del origen de sus ingresos, sino el desglose de sus gastos. Que expliquen cuánto se gasta en asesore s, informes, carteles y por qué, y cuánto en sedes o en gastos de representación. En fin, que rindan cuentas no sólo ante las instituciones, Sino ante los electores y contribuyentes. Seguro que es la única vía realista de cortar la sangría actual, porque la experiencia demuestra que la otra posibilidad, la de multiplicar las vías de ingreso, produce un aumento siempre creciente del dispendio.

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