El fiscal pide 54 años para el soldado que mató a dos compañeros

José Molero Garrido, el soldado que mató a dos compañeros con un Cetme en el Regimiento de Transmisiones Estratégicas (situado en la calle de Isla de Oza, 22), se puede pasar muchos años de su vida en un psiquiátrico o en la cárcel. Todo depende del resultado final del dictamen que emitan los peritos en el juicio, que se celebrará a partir del próximo día 8 en la Sección Tercera de la Audiencia de Madrid. De momento, el fiscal le pide un total de 54 años de cárcel como presunto autor de los asesinatos de sus compañeros de cuartel Ricardo Olivo y Luis Rodríguez.El informe de los peritos será lo más importante del juicio. Según fuentes jurídicas, los peritos (los que deben determinar si el muchacho es o no imputable penalmente) no se han puesto aún de acuerdo. Existen informes contradictorios. Unos expertos sostienen que José Molero estaba cuerdo cuando abandonó la garita en la que hacía guardia con el Cetme en sus manos, se adentró en el dormitorio de su compañía y disparó casi a bocajarro contra sus dos compañeros. Pero también, según las citadas fuentes, existe otro informe que revela que el muchacho es inimputable y que actuó movido por un trastorno mental.

Los hechos, según el informe provisional del fiscal, se sucedieron entre las cinco y las seis y media de la madrugada del 22 de enero de 1992. José Molero declaró al juez que instruyó las diligencias en la plaza de Castilla que disparó contra Ricardo Olivo y Luis Rodríguez (los fallecidos) porque estaba harto de que le hicieran novatadas.

Según el informe del Fiscal, Molero abandonó la garita, llegó a una de las literas del barracón y disparó en la cabeza a Ricardo Olivo, que estaba dormido. En otra litera adyacente se encontraba Luis Rodríguez. Este se despertó por el disparo y se dirigió hacia Molero preguntando a gritos qué había pasado y recibió otros dos disparos, uno en la clavícula y otro en el corazón.

Responsabilidad

Según se desprende de las diligencias, el Ejército sabía que Molero sufría problemas mentales. Al ingresar a filas, se le hicieron varias pruebas que confirmaban que el muchacho padecía problemas. Uno de los informes recomendaba que el recluta fuese destinado a un lugar tranquilo. No fue así. De ahí que otra de las cuestiones que debe indagar el tribunal es averiguar por qué se le dio, pese a las indicaciones del psicólogo, un Cetme y se le ordenó hacer guardias. Es por esta supuesta falta de diligencia por lo que el juez instructor, tras tomar declaración a altos mandos del Ejército de Madrid, dispuso la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.El fiscal pide cinco millones de pesetas de indemnización para cada una de las familias de las víctimas. Si así lo estima el tribunal, y en caso de que resultara insolvente el procesado, sería el Estado quien pagase esa indemnización.