Reactivacion y empleo

No podemos seguir dependiendo de lo que haga el Bundesbank para adoptar las medidas esenciales que requiere la reactivación de nuestra actividad y nuestro nivel de empleo. Esto no supone, ni mucho menos, alejarnos del objetivo de la Unión Monetaria; todo lo contrario, se trata sólo de darnos un respiro para poner orden en nuestras cosas, retomar la carrera con más fuerza y tratar de llegar a la meta, si no en el pelotón de cabeza, que siempre ha sido una quimera, al menos inmediatamente después, que ya sería un gran triunfo.Ciertamente, una salida del SME supondría una depreciación a corto plazo de la peseta, y con ello más inflación, que vendría a sumarse a la que produciría la fuerte bajada de tipos de interés, que es absolutamente imprescindible para la reactivación de la actividad y el empleo. Pues bien, para eso serviría (entre otras cosas) el pacto social, igual que ha ocurrido en el Reino Unido, donde los efectos negativos de la depreciación de la libra (hoy ya casi recuperada) y de la fuerte bajada de los tipos no se tradujeron en inflación gracias a la contención de salarios.

La lucha contra la inflación no puede ser descuidada (aunque tampoco sacralizada, cuando se tiene más de un 20% de paro), ya que la estabilidad de precios constituye el cimiento (no el motor) más sólido para el crecimiento. Pero no se puede cometer de nuevo el error de luchar contra la inflación sólo con medidas macroeconómicas, tanto porque no serán suficientes como porque son difícilmente compatibles con la creación de empleo, y de hecho en los últimos años han sido responsables de buena parte de la destrucción de puestos de trabajo.

Por estas razones, hay que levantar la alfombra. Las políticas maeroeconómicas son poderosas, pero poco selectivas,(el ajuste fino siempre ha sido un mito), y sus efectos secundarios pueden ser muy perniciosos; las políticas o las acciones microeconómicas no son tan poderosas, pero pueden ser mucho más selectivas. Así, por ejemplo, y esto no es más que un caso entre muchos, ¿por qué España tiene que soportar precios de servicios o bienes esenciales, como los productos petrolíferos, la energía eléctrica, las telecomunicaciones o el coste de intermediación bancaria muy por encima y casi siempre de peor calidad, de los existentes en la Europa comunitaria?

¿Por qué los ministerios sectoriales, que se supone deberían contribuir a llevar a la práctica con éxito la política económica general del país, defienden con ahínco el mantenimiento del poder monopolístico, poniendo trabas al desarrollo de la competencia, o fijando niveles de precios administrados por encima de lo razonable (sólo en el sector petrolero, la fijación de un precio máximo dos pesetas por encima de la media de la CE cuesta a los consumidores cerca de 70.000 millones de pesetas al año)? ¿Por qué los ayuntamientos no crean suelo urbanizable o conceden licencias a todo el que razonablemente las pide en aquellas actividades de servicios cuyos precios son manifiestamente abusivos y,en definitiva, toman el incremento de la competencia y no la protección de rentas de situación como guía fundamental?

Por la competencia

Ya va siendo hora de que los poderes públicos luchen de verdad por la competencia, y no contra ella, primero porque es imprescindible (tan imprescindible como la moderación salarial y la flexibilización del mercado de trabajo) para la recuperación de nuestra economía, y después porque, como afirmaba recientemente el premio Nobel de Economía Gary Becker, "competir es lo mejor que ha inventado la humanidad para ayudar a los débiles".

Otro problema adicional de la baja de los tipos de interés sería la mayor dificultad de financiación de la deuda. Como los tipos de interés bajos son absolutamente imprescindibles para salir de la crisis, esta dificultad debe solucionarse por otro camino. El problema central es que con menos de un 30% de la población total ocupada (y el resto parada, jubilada prematuramente o no activa) y la empleada trabajando, además, con productividades por debajo de la media europea, es prácticamente imposible que puedan salir las cuentas. Por ello para reducir el déficit público lo primero es más empleo y más productividad, aunque no será para mañana. Entre tanto, lo que hay que hacer es reducir el gasto de las administraciones públicas, para lo que es preciso abordar, entre otras cosas, la continuidad del sistema autonómico en su forma actual. España no es lo suficientemente rica para poder financiar este sistema de Estado, que es totalmente innecesario en la mayoría de los casos.

Del lado del ingreso, lo que ya no parece posible es seguir elevando los impuestos (al menos los directos), porque si bien es cierto que la presión fiscal media en España no es de las más altas, como hay muchas rentas que escapan al control de Hacienda, la presión fiscal efectiva sobre los que realmente pagan (particularmente todos los que reciben sus remuneraciones a través de una nómina) está entre las más altas del mundo. Por tanto, mayores ingresos sólo pueden venir haciendo que todos los contribuyentes paguemos lo que nos toque, y no sólo los asalariados.

Finalmente, la segunda forma de financiación de la deuda sería la venta total, y no sólo parcial, de todas las empresas públicas que sean susceptibles de privatizarse. Esta venta tendría la ventaja añadida de incrementar la competencia, ya que los poderes públicos que colaboran activamente en el mantenimiento de situaciones moñopolísticas detentadas por algunas grandes empresas públicas perderían la mayor parte de su relación directa con estas sociedades, lo que contribuiría a fomentar la competencia.

Conclusiones

La reactivación de la actividad económica y la creación de empleo, que deben ser el primer objetivo de nuestra política futura económica, pasan por:

a) Reducción de los tipos de interés hasta el mismo-nivel que la media de los países centrales de la CE. Esto incluye los tipos de interés a largo plazo, que son los más importantes en las decisiones de inversión. Esto implica la salida del SME.

b) Política fiscal adecuada al fomento de la inversión y del empleo (y no lo contrario), y eliminación al máximo de los obstáculos burocráticos para la creación de empresas y la realización de inversiones.

e) Pacto social para la flexibilización del mercado de trabajo y la congelación temporal de los crecimientos salariales y de todas las demás rentas, hasta recuperar la competitividad perdida.

d) Eliminación de todas las restricciones a la competencia, con la colaboración beligerante de los ministerios sectoriales y mucho mayor rigor en el cálculo de las tarifas de los servicios sometidos a precios administrados.

e) Reducción del déficit público, lo que obligaría, entre otras cosas, al replanteamiento a fondo de tódo el mapa autonómico, así como de sus sistemas de gastos e ingresos. Enajenación de todas las empresas públicas susceptibles de privatización.

es catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.