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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Pujol y Arzalluz

LA RESPUESTA de Arzalluz y Ardanza a los requerimientos de González ha sido sustancialmente diferente a la de Pujol. Pero ello no tanto por el alcance del compromiso que sus partidos respectivos han estado dispuestos a asumir como por la argumentación en nombre de la cual han fijado los límites de ese compromiso. Los nacionalistas vascos han venido a decir que si las cosas van, mal para España, irán mal para Euskadi, por lo que se consideraban obligados a colaborar. Pujol, por el contrario, ha puesto el acento en los riesgos que para su proyecto político nacionalista supondría comprometerse ahora (ahora justamente) en el Gobierno de España. En ambos casos, los interlocutores de González han planteado el dileina desde la ideología nacionalista, pero es evidente que desde perspectivas y actitudes diferentes.Tal vez se han cargado las tintas al criticar la referencia de Pujol a que participar en el Gobierno de España sería "un favor" por su parte. La expresión resulta desafortunada, pero tiene un fondo de realidad: no es lo mismo la oferta de participación minoritaria en el Gobierno hecha a un partido nacionalista que a uno que no lo sea. Es evidente que en el primer caso ambas partes asumen riesgos que no se dan en el segundo. Pero el reproche que cabe hacer a Pujol es precisamente que no haya estado dispuesto a ir un milímetro más allá de lo que cabe esperar de un nacionalista respecto al Estado; que no haya estado dispuesto a asumir riesgo alguno en defensa de un interés general que, sin embargo, formaba parte de su oferta electoral.

Un pacto, incluso entre fuerzas muy alejadas, no podrá implicar la exigencia de renuncia a las propias convicciones ideológicas. Pero sí implica una lealtad básica entre los socios, y de éstos hacia el sistema. Arzalluz y Ardanza no son menos nacionalistas que Pujol o Duran Lleida. Pero la participación del nacionalismo en el Gobierno central puede plantearse desde dos perspectivas diferentes: a) la de tratar de aprovechar la debilidad del Gobierno que requiere su apoyo para obtener ventajas que en otras condiciones no alcanzaría; b) la de tratar de influir en la gobernación del Estado de manera que resulte lo más acorde posible con los propios planteamientos económicos, autonómicos, etcétera. Al plantear exigencias previas como la del 15% del IRPF o la ' de la asunción íntegra del propio programa, Pujol actuó más bien de acuerdo con la primera perspectiva. Lo que cabe reprocharle no es entonces que recuerde su condición de nacionalista y la prioridad otorgada a los intereses específicos de su comunidad, sino que considere incompatible en la práctica esa condición y esos intereses con la defensa de los que son comunes a todos los españoles.

La distinta disposición mostrada por los representantes del PNY` puede tener que ver con la especial incidencia de la crisis económica en Euskadi, o quizá simplemente con su mayor experiencia en materia de pactos -de legislatura y de coalición- en el Gobierno autónomo. Pero es posible que ambos factores hayan confluido en la convicción de que no colaborar ahora con los socialistas significaba apostar por una alternativa encabezada por el Partido Popular. Y así como esa perspectiva parece no preocupar, e incluso atraer a Jordi Pujol, resulta impensable para el PNV. Pues si bien es cierto que el de Arzalluz y Ardanza es un partido de centro o de centro-derecha, su base social se considera, según vienen mostrando todas las encuestas desde 1977, mucho más cerca de lo que pueda representar un socialismo moderado que de un partido conservador. En la medida en que algo similar ocurre con el electorado nacionalista catalán, es posible que el compromiso del PNV sirva de efecto demostración para poner a prueba la eficacia del pacto y disolver las suspicacias de Pujol.

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