El comité de UGT aprueba por unanimidad iniciar el diálogo con el Gobierno "sin maximalismos"

Los 130 miembros del comité confederal de UGT decidieron ayer, con el 100% de los votos a favor, iniciar la negociación de un pacto social "sin maximalismos", con la mejor disposición para llegar a acuerdos y pidiendo "prudentes subidas salariales". El sindicato, tal como habían pedido algunos dirigentes, no establece condiciones previas. El único límite que aparece en la resolución es no aceptar mayores facilidades para el despido y se pide al Gobierno que aplique acuerdos pendientes como la ley de huelga o la mesa de política industrial. El líder del sindicato, Nicolás Redondo, no ha despejado el otro debate abierto en días pasados: ni confirma ni niega si se presentará a la reelección el próximo año.

El máximo órgano de decisión entre congresos de UGT aprobó ayer los criterios y el temario que defenderá en la inminente negociación con el Gobierno, que denomina "condiciones propias". Esa nueva terminología pone de manifiesto que la UGT acudirá a negociar con una actitud flexible y "con inclinación a pactar, pero con las ideas claras y propuestas concretas", según palabras de Nicolás Redondo.La resolución satisface a todos los dirigentes del sindicato, incluso a quienes como Manuel Garnacho -líder de la federación de construcción- habían pedido a la ejecutiva confederal una actitud menos reticente al pacto.

El líder de UGT no admite que se haya producido ningún cambio y ayer subrayaba al término del comité: "Manteniendo las mismas posturas desde hace meses, no ha habido ninguna, crítica, ninguna alusión a que esta organización estaba dividida entre los que quieren negociar y los que no quieren".

En el debate, celebrado a puerta cerrada, se reprobó a los sindicalistas que habían criticado a la dirección en los medios de comunicación, sobre todo a los que mantienen un doble lenguaje fuera y dentro de la organización. Jesús Urrutia, presidente de este comité confederal, dijo que "mezclar la edad del secretario general en una situación como la actual, no hace ningún bien a la UGT". Ningún miembro de la ejecutiva confederal respondió dentro de la reunión a la propuesta de Garnacho -el único que ha reiterado sus tesis en el comité-, consistente en cambiar los estatutos y establecer una edad de jubilación para los dirigentes sindicales similar a la que rige para el conjunto de los trabajadores.

Nicolás Redondo, que acaba de cumplir 66 años, ha dejado abierto ese debate y no ha querido aclarar si se va a presentar a la reelección en el próximo congreso que se celebrará en la primavera de 1994. Ayer afirmaba: "Nunca he manifestado que quiera seguir en el cargo", y no quiso responder si ha decidido lo contrario.

"No a cualquier acuerdo"

Sobre el inminente diálogo social dijo estar dispuesto a realizar un gran esfuerzo, siempre que se trate de "un acuerdo aceptable, no cualquier acuerdo". De hecho, en la resolución se establecen los criterios que van a defender y "Ios límites cuya renuncia generaría indefensión laboral", donde citan expresamente las mayores facilidades para el despido.Las propuestas sobre la reforma del mercado de trabajo que UGT, de común acuerdo con CC OO, llevará a la negociación con el Gobierno contarán con el asesoramiento de una comisión de expertos, prácticamente los mismos que trabajaron con los sindicatos cuando negociaban la ley de huelga. Se trata de catedráticos de derecho del trabajo y expertos en relaciones laborales.

El documento aprobado ayer por UGT defiende la reforma de la contratación respetando el principio de causalidad -contratos temporales sólo para puestos eventuales-, la estabilidad en el empleo, el reparto del trabajo mediante la reducción de jornada y la eliminación de las horas extras y el pluriempleo. También propone erradicar la economía sumergida, reformar el Inem, sustituir las ordenanzas por convenios y la participación en las empresas.

En política de rentas, pide un compromiso equilibrado para la evolución moderada de todas ellas: los salarios y los beneficios, con al compromiso de reinvertir una parte de los excedentes empresariales. Quiere que las pensiones mantengan el poder adquisitivo, mejorando las más bajas, y que la política económica se oriente a la creación de empleo, a la corrección de los desequilibrios, a la mejora de la competitividad y al impulso de las inversiones.

Precisamente en política económica es donde Redondo prevé que haya mayores dificultades. "Nuestro diagnóstico será distinto al del Gobierno y la patronal", dijo ayer. "Ellos dirán que el mal está en los salarios y en el mercado de trabajo. Y para nosotros el mal está en la política económica aplicada por el actual Gobierno en funciones".