Dos obreros mueren al caer un montacargas
Cinco personas ocupaban el elevador, que se precipitó desde una altura de seis pisos
LUCÍA ENGUITAJuan José Peña, de 17 años, y Ramón Molina de la Cruz, de 22, empleados de talleres de la empresa Fernández Carrión, SL, murieron ayer cuando empezaban su jornada laboral sobre un montacargas. El elevador que ocupaban junto con otros tres compañeros y una pesada carga de rollos de plástico se precipitó desde una altura de seis plantas, unos 15 metros. La plataforma, sin puertas ni techo, llevaba una carga de unos 1.750 kilos, mientras que, según la normativa, no debe superar los 1.500. No obstante, el sobrepeso no justifica que el montacargas llegara a desprenderse. Estas plataformas no pueden ser utilizadas por personas, pero eso era una práctica habitual. Los otros tres empleados heridos se encuentran en estado grave con múltiples fracturas.
El subdirector de Industria de la Comunidad de Madrid, Ricardo Rodríguez, atribuye a una "imprudencia" el trágico accidente, ya que la empresa -Fernández Carrión, SL-, prohibe al personal el uso del montacargas, tal y como exige la normativa: "En todas las plantas del edificio hay carteles que lo indican", afirma.Este elevador había sido revisado en mayo, afirmó un portavoz de la empresa (que instala toldos y lonas), situada en la calle de Ulises, 97 (zona de Arturo Soria, distrito de Hortaleza). Tenía dos años de antigüedad, los mismos que el edificio.
La Dirección General de Industria informó ayer que los empleados habían cargado sobre el elevador unos rollos de plástico. El peso de la mercancía más el de los cinco obreros era de unos 1.750 kilos, por lo que excedía de los 1.500 autorizados. Pero Ricardo Rodríguez, subdirector de Industria, señala que la sobrecarga no era excesiva. "Es peligroso, pero no tanto", dijo ayer, lo que hace suponer que no era la primera vez que la plataforma soportaba un sobrepeso o que se produjo otro fallo, aún por determinar.
Pieza desprendida
El secretario del Consejo de Administración de la empresa, Fausto Saavedra, también supone que "algo más tiene que haber". Explica que los márgenes de seguridad en cuanto al peso son. amplios, y que "algo tuvo que suceder con las poleas". De hecho, la pieza que sujeta las poleas del elevador, de 70 kilos, se desprendió y golpeó a los dos trabajadores que han muerto.
Los tres empleados heridos se encontraban anoche en estado grave. En el hospital Ramón y Cajal fue ingresado Fernando Gómez de Tomás, de 20 años, que sufre traumatismo craneoencefálico, fracturas de húmero izquierdo, fémur izquierdo y clavícula derecha y contusiones múltiples. En este hospital se encuentra también Abdelhak Laduadi, de 27 años, con fracturas en vértebras y pelvis, diástasis (separación) de pubis y un choque traumático.
Tomás Alonso Ruiz, de 22 años, ingresado en La Paz, sufrió fractura de vértebra, de húmero y de calcáneo (hueso del pie) y contusiones.
El juzgado de guardia emprendió un informe pericial y ha precintado el montacargas.
Hacia las once de la mañana se presentó en la empresa una hermana de Ramón Molina, y al rato llegó la madre de Juan José Peña, que bajo un fuerte estado de nervios no hacia sino repetir: "¡Mi Juanjo, dime que es mentira!". Los cuerpos que buscaban estaban ya entonces en el Instituto Anatómico Forense.
Cuatro Víctimas en lo que va de año
Con el suceso de ayer, ya son cuatro las personas que han muerto en Madrid por el accidente de un ascensor en 1993. La falta de revisiones y el elevado número de deficiencias incrementan el peligro. El 20 de marzo, Rafael Encinas, de 21 años, fue aplastado dentro de un ascensor por un contenedor de basura, en Ciudad Lineal. El recipiente quedó enganchado entre la rendija de la puerta exterior y el pavimento, y el consiguiente efecto palanca aplastó al joven y murió contra la pared. Este ascensor había sido revisado un mes antes. El suceso no habría ocurrido si el ascensor hubiera tenido puerta interior.
Vicenta Asenjo, de 69 años, murió decapitada el 1 de abril, en un edificio del barrio de Entrevías. El ascensor empezó a subir cuando ella entraba en el camarín, llamado desde otra planta y pese a que la puerta estaba abierta. Este elevador debía haber Pasado su revisión periódica en otoño de 1992, pero esto nunca sucedió.
El 40% de los 800.000 elevadores que hay en la región no son revisados, según las entidades de inspección y control reglamentario que examinan estas máquinas (véase EL PAíS del 28 de marzo).
El 13 de mayo, el Pleno de la Asamblea de la Comunidad aprobó una proposición no de ley, presentada por el Partido Popular, para que se revisen todos los ascensores de la región en un plazo máximo de dos años.
Un informe de la Comunidad de Madrid señala que el 86% de los 8.300 ascensores revisados en 1992 presentaban deficiencias. Mientras, la mitad de las máquinas carecen de puertas interiores. Son aquellos instalados entre 1966 y 1980, cuando la ley no obligaba a colocarlas. La Consejería de Economía ha emprendido una campaña para dar a conocer las normas de seguridad que obligan a colocar la puerta interior. Su instalación cuesta entre 300.000 y 400.000 pesetas. La Comunidad ofrecerá ayudas a quienes no puedan pagarlas.
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