El jefe etarra Pakito, condenado en Francia a 10 años de prisión junto al 'comando itinerante'

El Tribunal Correccional de Paris condenó ayer al dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia, Pakito, a 10 años de prisión; a José Maria Arregui Erostarbe, Fiti, a ocho años, y a los franceses Jacques Esnal y Frédérick Haramboure, miembros del comando itinerante, a 10 años por asociación de malhechores, tenencia ilícita de armas y explosivos y, en el caso de los españoles, estancia ilegal en Francia. El tribunal también condenó a los franceses Jon Parót y José Ochoantesana a cuatro y seis años, respectivamente. José Domingo Aizpurúa, Pitxas, quedó en libertad y pendiente de otro proceso.

El juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 14'de mayo, ha sido considerado como el proceso de Pakito y también como la vista judicial que puede encausar al llamado comando itinerante. Múgica Garmendia está considerado como el máximo responsable de ETA desde 1987 y hasta su detención en Bidart, en marzo de 1992. Ésta ha sido la primera vez que Pakito ha comparecido ante la justicia francesa por delitos de los que se le acusa en Francia. Sobre el jefe etarra pesan varias demandas de extradición que, en principio, no deberían hacerse efectivas hasta que haya cumplido su pena en Francia, situación que afecta por igual a Fiti.El comando itinerante es importante en la historia de ETA tanto por sus acciones -22 actos con un balance de 37 muertes y decenas de heridos- como porque supone descubrir a ciudadanos franceses plenamente implicados con la organización terrorista. A lo largo del proceso se han producido diversos incidentes, el más destacado de los cuales ha sido la negativa de las autoridades españolas a acceder al traslado de Henri Parot, encarcelado en España, para que testimoniase en París, tal como solicitaba la defensa.

Parot, ausente

Henri Parot, capturado en Sevilla, en 1991, cuando viajaba en un coche con 300 kilos de amonal, reveló a la policía española buena parte del entramado terrorista. Sus declaraciones permitieron numerosas detenciones y desarticular la cúpula etarra, así como localizar depósitos de armas. La defensa consideraba imprescindible su testimonio, ya que afirmó en repetidas ocasiones que sus declaraciones anteriores habían sido obtenidas mediante tortura.La fiscal, Irene Stoller, consideré en cambio que los informes de seis médicos y cuatro abogados de oficio eran pruebas más que suficiente de que Henri Parot no había sido maltratado.

Durante el juicio, los acusados se negaron reiteradamente a asistir a la vistas, alegando connivencia entre las autoridades españolas, la juez instructor Laurence le Vert y la fiscal Stoller. Esa actitud imposibilitó la intervención de sus defensores. Para los etarras españoles la pena de 10 años es la máxima que puede solicitar un tribunal correccional. Por otra parte, el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, ha ordenado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional desista de recurrir una sentencia que redujo a la mitad la condena pedida para tres colaboradores de ETA que, alojaron a miembros del comando Vizcaya y a los que se aplicó de forma incompleta la eximente de miedo insuperable.

En aplicación de dicha eximente incompleta, José Luis Gallego Iglesias y María Victoria Becerra Aguirre fueron condenados a cuatro años y dos meses de cárcel, en lugar de los ocho que pidió la fiscalía. Durante cinco años, ambos colaboradores de ETA alojaron en su casa a activistas del comando Vizcaya como Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi; Javier Martínez de Izaguirre, Javi de Usánsolo y Juan María Ormazábal, Turco. Gallego y Becerra ocultaron también a Martínez de Izaguirre y Kepa Urra tras asesinar al hijo menor de un policía en Erandio (Vizcaya), en noviembre de 1991. Pero debido a la repugnancia por el atentado, les dijeron que no volverían a acogerles. La sentencia entiende que les alojaron "en parte por temor a oponerse a sus pretensiones", pero considera que ese temor era "vencible".

Por otra parte, la abogada francesa Claire Freyssinet, ha renunciado a continuar en la defensa de Pakito y otros terroristas por discrepancias con el resto de letrados que forman el colectivo defensor habitual de los etarras. Según anunció ayer Radio Euskadi -la emisora pública del País Vasco-, Freyssinet habría mandado una carta a sus defendidos comunicándoles su renuncia, una decisión relacionada con los reproches que le han dirigido miembros del colectivo de abogados por no realizar "defensas políticas".