La oposición asturiana implica al Gobierno central

El presidente de] Principado de Asturias, el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, informó ayer al pleno del Parlamento regional que, según la Interpol, Maurice Jean Lauze, el supuesto intermediario para la puesta en marcha en Asturias de una petroquímica saudí, es un antiguo miembro de la OAS (Organización del Ejército Secreto, grupo clandestino creado por ultras franceses en 1961), en la que fue responsable de una imprenta que falsificaba bonos del Estado y otros documentos oficiales. Toda la oposición sostuvo que las responsabilidades no concluyen con la dimisión, el próximo lunes, del Gobierno asturiano. A su juicio, también alcanzan al Gobierno central, conocedor, dijeron, de unas negociaciones que acabaron en fraude.

El juez instructor, Juan Manuel Carbajales, declaró ayer secreto el sumario con el fin de evitar la politización del caso durante las elecciones. El juez ha llamado a declarar "al denunciado, denunciantes y a todos los implicados en la operación". Entre los llamados figuran Maurice Lauze y el empresario asturiano Juan Blas Sitges. También el consejero asturiano de Industria, Víctor Zapico, y su jefe de gabinete, según pudo saber este periódico. La causa es consecuencia de la denuncia presentada el domingo por el Gobierno asturiano contra Lauze por falsificación de documentos.Paralelamente, la justicia suiza cursará en breve una orden de búsqueda contra Lauze por el mismo delito, tras la denuncia presentada ayer por el notario Roland Rochat. Lauze confirmó ayer en Madrid a este periódico haber recibido la citación judicial -"para el miércoles"- y reconoció haber sido miembro de la OAS. Sin embargo, negó todas las imputaciones que se le hacen respecto al asunto de la petroquímica. "Todo es un montaje político". También negó haber mantenido contactos con la Junta de Andalucía para un proyecto similar, informa Javier Moreno.

Según revelaron ayer fuentes del Gobierno andaluz, a principios de 1992 Lauze ofreció la instalación de una refinería de hidrocarburos de capital saudí a la Junta de Andalucía para su instalación en Motril (Granada). Una delegación de ese Gobierno regional se trasladó hasta París para negociar el proyecto, que fue abandonado por falta de credibilidad.

En su comparecencia ante el Parlamento autónomo, el presidente de Asturias calificó de "maniobra artera y astuta para crear expectativas de verosimilitud" el entramado de documentos falsificados, utilización de nombres prestigiosos e interposición de empresarios de reconocido prestigio en Asturias para urdir una negociación que llevó al Gobierno regional a anunciar el pasado día 18 la instalación en Asturias de un importante complejo petroquímico, por valor de 366.000 millones de pesetas, supuestamente respaldado por el Saudi International Bank.

Tanto Rodríguez-Vigil como su consejero de Industria, Víctor Zapico, reconocieron haber incurrido en "negligencias, ingenuidad y errores de procedimiento", al no verificar la documentación que les fue entregada por Maurice Lauze.

Uno y otro atribuyeron que no se hubieran adoptado estas cautelas a la exigencia de extrema confidencialidad que les impuso el supuesto responsable último de la operación (el príncipe saudí Abdullah lbn Faisal, cuyo nombre fue utilizado por Lauze para dar cobertura a sus operaciones), al temor de suscitar la oposición a dicha inversión por parte de los grupos petroleros españoles y a la credibilidad que les inspiraba el empresario astuariano Juan Blas Sitges.

Rodríguez-Vigil admitió que el Gobierno asturiano nunca mantuvo contacto con el Saudi International Bank (el banco de negocios que, según Lauze, aportaría el capital de la operación), y que ni siquiera mantenían relaciones directas con Lauze, con quien siempre se pusieron en contacto por mediación de Sitges.

Todos los grupos de la oposición calificaron de "catastrófica" la gestión en este asunto del Gobierno asturiano y acusaron al Ejecutivo regional de actuar sin rigor y de "jugar con la ilusión y la esperanza de Asturias".