El derecho a la conciencia

"No estaba preparada para tener el hijo". Blanca condensa en esa frase el motivo que la llevó hace tres años hasta una pequeña clínica de la zona norte de Madrid. Recuerda que su experiencia le fue "maravillosamente bien", "independientemente de que la decisión no es grata. "Me sentí ayudada en todo momento". Blanca se acogió a la causa -peligro para la salud psíquica de la madre- que aduce más del 90% de las mujeres que han abortado en España desde agosto de 1985, cuando entró en vigor la despenalización parcial. Por su edad, 22 años entonces, forma parte del 41 % de mujeres que aborta antes de los 24.Ella misma afirma que se sintió una privilegiada: acudió al centro a las seis de la tarde, acompañada por su prima Diana, que había vivido una situación similar en Londres; y más tarde llegó también su pareja. Apenas cinco horas después de ingresar, Blanca regresó a su casa. Varias de las mujeres que encontró en la clínica -"unas treinta", señala- se encontraban, en cambio, solas. "Había caras que lo decían todo", recuerda Blanca.

Diana pasó por esa experiencia de la soledad cuando, hace 11 años, fue a Londres tras intentar abortar clandestinamente en Madrid. "En el grupo en que fuimos había mujeres de todas las edades, hasta una viuda y una chica embarazada de cinco meses; pero lo más significativo para mí fue que la mayoría íbamos solas; era un problema de dos, pero estábamos solas" reflexiona Diana. Una soledad obligada casi siempre por la imposibilidad de reunir dinero suficiente para pagar los gastos de dos personas en Londres. "Éramos unos críos los dos; no teníamos trabajo ni dinero para los billetes".

Esta mujer, de 19 años entonces, 30 en la actualidad y madre de un hijo, mantiene un recuerdo amable de su paso por la clínica británica, "a pesar de lo jodido de la decisión". "Nada que ver con el miedo que sentí en Madrid", asegura. "Era en la calle de Sagasta, nunca lo olvidaré; un sitio cutre y siniestro del que salí disparada cuando el tipo me dijo que estaba muy cansado, que volviese una semana más tarde, porque estaba embarazada de muy poco tiempo".

Era en 1982; tres años después, el Tribunal Constitucional rechazaba el recurso presentado por Alianza Popular -ahora PP- y daba paso a una despenalización del aborto similar a la británica: previa indicación de dos médicos, se pueden interrumpir las gestaciones que impliquen un peligro para la salud de la madre, que el feto sufra graves malformaciones o que sea consecuencia de una violación. No era "todo lo deseado, pero sí un paso importante respecto al pasado", afirmó Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer en ese momento.

No obstante, las españolas -las, extranjeras que más abortaban en Londres, según el Servi- cio de Salud inglés- siguieron viajando a las clínicas de Timothy M. Rutter, director de los centros, hasta que éste envió en 1986 una carta a sus colegas españoles recordándoles la similitud de las legislaciones. "No deseo continuar aceptando pacientes de España, quienes prácticamente en su totalidad tienen derecho a abortar en su propio país", decía Rutter.

Aludía así al principal problema que desde el primer momento ha encontrado la interrupción voluntaria del embarazo en España: la escasez de médicos dispuestos a practicar abortos. Por el contrario, la aceptación generalizada de esa medida entre la población ha sido decisiva, sin duda, para que el Partido Popular, contrario ideo lógicamente a permitir el aborto, dé un giro en sus posiciones y anuncie que no modificará la situación actual si gana las elecciones. Porque al abordar el problema del aborto surge siempre la misma realidad: la ideología no influye a la hora de tomar la decisión de abortar. Entre los 200.000 abortos legales que según Sanidad se han practicado oficialmente en España, hay mujeres de todos los sectores sociales.

La ley permite "abortar en todos los casos, convirtiendo esa decisión en un problema de información y disponibilidad económica", señala la Federación Española de Planificación Familiar (FEPF). En efecto, la objeción de conciencia a la que aludía Rutter se mantiene aún hoy entre los médicos de los hospitales públicos y limita, en la práctica, esa asistencia sanitaria a los casi 60 centros privados que hay acreditados para ello, donde se realiza el 96% de los abortos. Esto provoca una desigualdad de hecho y de acceso, por tanto entre las mujeres de distintas áreas geográficas.

Así, por ejemplo, en Navarra no hay centros -públicos ni privados- que realicen abortos. Las mujeres de esa comunidad deben acudir a Bilbao, San Sebastián o Madrid. Al tiempo, otra región, la Comunidad Valenciana (y desde 1992 también Andalucía), mantiene conciertos con las clínicas privadas y abona el coste de los abortos. Estos conciertos no existen en el resto de España, aunque se apuntan en el programa sanitario del PSOE como un medio de integrar los abortos en la asistencia pública y paliar los perniciosos efectos que está teniendo la objeción de conciencia.

Para Javier Salmeán, del Severo Ochoa, en Madrid (hospital público que atendió los abortos de alto riesgo de toda España hasta que, en, 1990, denunció la "insolidaridad generalizada" de los otros centros), esa objeción se debe, en realidad, a "conveniencia personal, a comodidad. Opinión compartida en parte por Isabel Serrano, presidenta de la FEPF. "Ha habido un momento de inflexión difícil, como si fuera un problema irresoluble. Hay una sensación de cansancio, de esfuerzo perdido, de no saber qué hacer afirma Serrano. Esta ginecóloga señala que "Es paña es el único país europeo donde las mujeres pagan el 100% de la intervención", a pesar de que el Insalud se comprometió públicamente en 1985 a que los abortos se realizarían en los hospitales de la Seguridad Social.

La persistencia de esa demanda ha acabado, en cambio, por anular el contenido reivindicativo que tiene. "El mensaje aborto en la sanidad pública está un poco agotado. Ha habido un abandono paulatino: bueno, para qué nos vamos a complicar la vida si se resuelve en la privada. Se abandona por inercia, no por un planteamiento ideológico" continúa Serrano.

"El aborto debe ser un anticonceptivo accesible y fácil" dice Ramón, detenido en el centro Dator Médica en la llamada redada del aborto (noviembre de 1986 en Madrid, Valencia, Salamanca y Málaga), ordenada por un juez dos días antes de que el Gobierno aprobase un decreto para flexibilizar la normativa.

Al factor económico se debe, según Ramón, que dos de cada tres abortos se realicen con anestesia local (40.000 pesetas). Las mujeres que pueden pagar la anestesia general (60.000 pesetas) aducen "miedo al dolor" y este deseo: "mejor no me entero".

La relevancia que han tenido las denuncias contra la clínica Dator Médica y profesionales como Pere Enguix, del colectivo Acuario, en Levante, y Germán Sáenz de Santamaría, en Andalucía (indultado en 1991 por el Gobierno y condenar de nuevo este año), han planteado la necesidad de una reforma legislativa a pesar de que las 83 causas tramitadas por los tribunales suponen un índice bajo de litigios en relación con el número total de abortos.

Pero la reforma planteada ahora como un dilema entre ley de plazos (aborto libre en el primer trimestre de embarazo) o ampliación de indicaciones (causa socioeconómica o angustia de la mujer), es considerado también por los profesionales también como un debate agotado.

"El debate está cambiando; no sé si será una equivocación, pero la discusión a nivel social no existe: la. gente se ha cansado de que si angustia o si plazos. ¿Qué vamos a discutir?", se pregunta Serrano. "El sistema de plazos resolvería el problema burocrático, pero poco más", añade, "si el aborto sigue siendo privado". Consuelo Ruiz Jarabo, de la FDSP, coincide en que "es imprescindible que cualquier regulación en materia de aborto vaya unida a la regulación de la objeción de conciencia de los sanitarios".

Y mientras dura la discusión, la ciencia se adelanta al debate: la píldora abortiva RU486, la píldora del día siguiente, ya se comercializa en algunos países europeos (Francia, Reino Unido, Suecia ... ) y ha recibido autorización para ser fabricada en Estados Unidos, gracias a la postura del presidente Bill Clinton. Persisten los temores sobre sus hipotéticos efectos secundarios, pero su avance parece imparable.