El Banco Vasco

LA PRETENSIÓN del Gobierno vasco de rematar el esquema de competencias autonómicas con la guinda de instituciones financieras específicas tiene más carga simbólica que eficacia real. Para los nacionalistas, la autonomía política es incompleta si no incluye instrumentos propios de administración de los recursos económicos y financieros. Esa preocupación parece explicar las tensiones sobre cesiones en la gestión del IRPF en algunas comunidades autónomas, y, desde luego, las intenciones del Gobierno vasco de crear un banco público.Más allá de consideraciones constitucionales, de gran relevancia en cualquier modificación institucional, ese empeño puede chocar, desde un punto de vista estrictamente económico, con la más simple racionalidad, y, desde luego, con los vientos de integración económica y monetaria que se están imponiendo en Europa. Las competencias de ese banco serían, en principio, las que tiene el Consejo Vasco de Finanzas: coordinación y armonización de la política de endeudamiento y de la actividad financiera, tanto de la Hacienda general vasca como de las forales. También pretende el PNV recabar para la nueva entidad las funciones de tesorería de las diputaciones, ayuntamientos y del propio Gobierno vasco.

El punto más controvertido es el relativo a la cesión a esa nueva institución de los recursos del coeficiente de caja de las cajas de ahorro vascas, principal fuente de recursos de que dispondría ese banco. No hay que olvidar que la existencia de ese coeficiente responde a las exigencias de la política monetaria, cuya gestión es hoy competencia del Banco de España; si se aprueba la ley que le dota de autonomía, según prescribe el Tratado de Maastricht, también será responsabilidad del Banco de España no sólo la instrumentación, sino la definición de esa política monetaria. Pero en pocos años todos los bancos centrales de los Estados que aspiren a formar parte de la Unión Económica y Monetaria cederán gran parte de sus competencias al Banco Central Europeo, encargado de diseñar la política monetaria de Europa.

Más allá de ese paso contra la dinámica de creciente integración monetaria en Europa, la pretensión nacionalista puede derivar en una merma de la eficiencia que ha de presidir el comportamiento de las entidades financieras. Esas pretensiones de control o el exceso de intromisión en la actividad de las cajas de ahorro pueden generar distorsiones en el libre proceso de toma de decisiones de esas entidades que amenacen su capacidad competitiva. La dinamización de la financiación de la economía vasca, objetivo en el que se ampara la propuesta, no habrá de depender tanto de los deseos de su Gobierno de generar instituciones nuevas y mecanismos de control sobre las entidades financieras, como del atractivo que en términos estrictamente económicos definan las posibilidades de inversión en el País Vasco.

La eficiencia de los sistemas financieros no es hoy un problema de jurisdicción; lo es de capacidad de atracción de capitales a proyectos de inversión viables, ya sean públicos o privados. En este aspecto deberían centrar preferentemente su atención los responsables vascos, en el convencimiento de que el desarrollo del país no dependerá tanto de la titularidad del centro de decisión como de verdaderos incentivos para la actividad empresarial y financiera propia del elevado grado de integración e interdependencia internacional que hoy existe. Lo contrario es jugar a las casitas y distraer la atención de lo fundamental.