El campo ve despuntar la guadaña

Un día cualquiera de la semana pasada, Antonio Sanchiz se levantó a las seis de la mañana, como de costumbre. Pensó en las 100 hectáreas de girasol y cereal que tiene arrendadas cerca de Tarazona de la Mancha (Albacete) y se alegró de seguir siendo agricultor. Ese mismo día, otros 200 agricultores españoles dejaban de serlo: por término medio, 72.000 trabajadores han abandonado cada año el campo en España en la última década, lo que supone un total de 720.000 desde 1982. "Una barbaridad", se dijo Antonio.Cuesta entender las razones que tiene Antonio Sanchiz, de 40 años, para alegrarse de su trabajo en el campo. Porque tras varias campañas con precios permanentemente a la baja, su capacidad de resistencia financiera está al límite. Un día de este año descubrió, cuando fue a pagar las semillas, los abonos y todo lo necesario para sus tierras, que la factura superaba en 600.000 pesetas lo que había obtenido con la cosecha del año pasado.

Antes de eso, ya sabía que tampoco podría pagar los 2,3 millones de pesetas que religiosamente entrega cada año al propietario de las tierras que trabaja. "Un terrateniente de Valencia que ni siquiera sabe dónde tiene los bancales".

Sanchiz no es un caso único, ni aislado, ni raro. La deuda acumulada por el campo español en los últimos año es enorme, aunque la cifra concreta sea objeto de discusión.

Las organizaciones agrarias la cifran en casi dos billones de pesetas. El Ministerio de Agricultura la rebaja a 1,27 billones, aunque reconoce que el crecimiento en el último año ha sido espectacular.

Deuda y buenas intenciones

Ésa es la foto fija del campo español, de la que Antonio Sanchiz es sólo una pequeña imagen. Cada vez son menos y cada vez más endeudados.

Frente al clamor urgente del campo, las propuestas de los partidos políticos con vistas al próximo 6 de junio son más bien vagas. Las buenas intenciones son legión. "Elevar la media de producción por hectárea", propone el PSOE. Izquierda -Unida pide un "trato preferente a las explotaciones familiares y cooperativas". El Partido Popular habla de una política "más enérgica" frente a Bruselas. Ninguno se moja con la deuda.

Sentado frente a una chimenea en la que se consume lentamente un gran tronco de encina,a Antonio sólo se le enrojecen los ojos y se le quiebra la voz cuando habla del expediente de embargo que le acosa. Tres millones de pesetas.

"Ahora ya no decidimos si seguimos o no. Son los bancos y la Administración los que lo hacen". Las organizaciones agrarias comparten su opinión y piden la refinanciación de la deuda. El agricultor pierde posición social a ojos vista. Aunque Antonio crea que "España ha sido siempre agrícola", esta vez las cifras le desmienten. En 1983, la agricultura aportaba el 6,5% de la riqueza nacional. Diez años después, en 1992, sólo representó un 3,7% del producto interior bruto (PIB), según los últimos datos proporcionados por el ministerio. Cada vez menos, irremediablemente. Antonio acierta a traducir las cifras en palabras: "Ya no contamos nada".

Los doce países miembros de la CE tenían una Política Agraria Común -la PAC-, que reformaron en mayo de 1992. Izquierda Unida es la única formación que se muestra claramente en contra de esta reforma. "Las ayudas comunitarias se reparten de forma inversamente proporcional a quien más las necesita", asegura Salvador Jové, responsable del área económica.

El Ministerio de Agricultura afirma que la reforma significa duplicar la ayuda que España recibe de la CE a partir de 1995, cuando se ponga en marcha. Lo que, en ningún caso, asegura que el campo español mejore sustancialmente su situación.

Demostración: desde que Espana ingresé en la CE, en 1986, las ayudas se han multiplicado por 16. Han pasado en siete años de 37.000 millones de pesetas el primer ano a casi 600.000 millones en 1992.

La crisis que azota a la agricultura española en los últimos dos años es la más profunda en décadas, a pesar de que lo recibido de Bruselas el año pasado superó en 100.000 millones lo que costó el AVE (448.000 millones).

"¿Tanto? No sé a quién le darán todo ese dinero". A Antonio le cuesta imaginar la magnitud de las cifras que tanto la CE como la Administración gastan en el campo. Ésa es la tragedia de la agricultura española. La tragedia de una crisis y una decadencia imparables a pesar de las ingentes cantidades de dinero que se le destinan. Dos billones de pesetas. Ésa es la cifra que en 1992 ayudó a paliar las crecientes dificultades de los labradores, según Agricultura. Al dinero aportado por Bruselas hay que sumar los 238.000 millones que gastó el ministerio, los 300.000 millones de las comunidades autónomas y el billón de pesetas de la aportación al régimen especial agrario de la Seguridad Social.

No obstante, el PP cree que "la aportación presupuestaria del ministerio es insuficiente", en palabras de Miguel Ramírez, uno de los responsables de la política agraria popular. Su propuesta incluye aumentar la dotación del Ministerio de Agricultura en 50.000 millones de pesetas.

Desconcierto

"El problema no es tanto económico como de desconcierto". Jorge Sevilla, jefe del gabinete del ministro de Agricultura, Pedro Solbes, cree que el ritmo vertiginoso al que está cambiando el panorama agrícola en España desde el ingreso en la CE en 1986 es el responsable de la angustia del mundo rural.

Sevilla apuntala su discurso con datos. "Es innegable que las rentas de los agricultores han aumentado considerablemente en los últimos diez años".

Pero entre las cifras oficiales y la realidad se abre, como siempre, un abismo. En gran parte, el aumento de renta agrícola experimentado en los últimos años se debe al hecho de que cada vez hay menos agricultores.

Al dividir lo producido entre un número cada vez más pequeño de productores, el cociente aumenta. Aun así, en 1992 la renta disminuyó un 8%. Independientemente de los cálculos macroeconómicos, ¿cuánto obtiene un agricultor para vivir? "He vivido con 300.000 pesetas al año". Con esa menguada cantidad, Antonio Sanchiz asegura que le resultaría imposible atender las necesidades de su familia sin. la aportación de su mujer, que regenta una tienda en Tarazona de la Mancha.

La reforma de la PAC supondrá una renta mejor y más segura a partir de 1995, cuando esté totalmente implantada, según el ministerio. Hoy, Antonio vende la cebada que produce a 17 pesetas por kilo. Hace cuatro años la vendía a 24 pesetas. "Nos darán una subvención para compensar la caída de precios; pero mejorar, no mejoraremos se queja.

Mientras, las multinacionales de la alimentación consiguen pingües beneficios. "Las ofertas de los hipermercados las hacemos los agricultores españoles. Cuando vas a cobrar, te pagan menos diciendo que es por las ofertas que han tenido que hacer", explica Antonio.

Los márgenes comerciales entre el campo y el consumidor rozan el escándalo. En 1992, melocotones, cebollas y naranjas alcanzaron el 240%. Albaricoques y limones, el 200%.

Todos los partidos coinciden en destacar que la actual estructura agiraria española es inadecuada: "Excesiva atomización, reducido) tamaño de las explotaciones", según Gonzalo Arguilé, delegad0 federal de agricultura del PSOE.

Cambios estructurales

Los cambios estructurales toman años en dejarse sentir. Llegarán con toda seguridad demasiado tarde para Antonio Sanchiz, quien no está muy seguro de sobrevivir este año como agricultor.

Si abandona, contribuirá a acercar la población activa agraria española a la media de los países más desarrollados. Ha dejado de ser necesario.

En un suplemento especial sobre la agricultura francesa, el diario Le Monde citaba al poeta Paul Claudel para ilustrar la situación del campo: "¿Qué es morir, sino dejar de ser necesario?". Antonio Sanchiz, que no ha leído ni Le Monde ni a Claudel, lo ha comprendido cuando asegura que necesita respirar el aire del campo, de la siembra, para seguir vivo'. "Si abandono el campo, me he muerto; he dejado de existir". Y pretende seguir luchando.

Pero todos los indicios muestran que las deudas, los descensos de precios y la sequía blanden ya la guadaña.