La Junta andaluza aceptó un aval falso de una empresa del 'caso Ollero'

La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía aceptó e incluyó en el expediente de contratación de la empresa Inpiasa, acusada de cohecho y falsedad en el caso Ollero, una fotocopia presuntamente falsificada de un aval bancario que la empresa ya había entregado como fianza para otra contratación anterior.

La juez Pilar Llorente tomó ayer declaración Julia Serrano Checa, jefa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, quien responsabilizó al ex jefe de seguridad de la Junta, Manuel Gutiérrez Copado, de "favorecer y presionar" para que se adjudicaran varios contratos, por un valor superior a los 100 millones de pesetas, a Impiasa para la infraestructura de las elecciones autonómicas de 1990. Según Julia Serrano, el grupo de contratación que formaban ella y otros tres funcionarios -entre ellos Gutiérrez Copado- no tenía referencias de las empresas Constucciones Avalos y Construcciones San José, que también acudieron al concurso".

Fuentes próximas al caso indicaron que la funcionaria, que en 1990 era jefe del servicio de contratación de Gobernación, declaró en calidad de imputada de un delito de falsedad de documento público, al haber aceptado en el expediente de Impiasa el aval falsificado. Las mismas fuentes indicaron que la funcionaria incurrió en varias contradicciones durante el interrogatorio a que fue sometida por la juez Llorente, el fiscal, y el abogado del Partido Popular, Manuel Seco.